La división castiga al centro derecha

Una vez más, el muestreo electoral que «NC Report» ha elaborado para LA RAZÓN, referido a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, mantiene la misma constante: el PSOE recupera, aunque en menor medida de lo debido, el voto que se marchó a Podemos, mientras que el Partido Popular sigue perdiendo sufragios en favor de Ciudadanos y VOX. El problema, como se ve en la mayoría de las doce comunidades convocadas a las urnas, es que la suma de los votos del ámbito del centro derecha es insuficiente. Un pacto al estilo de Andalucía sería posible, si se confirman los sondeos, en Madrid, Murcia y Castilla y León, pero no en las demás. Incluso, los socialistas podrían operar con la consabida geometría variable, recurriendo a los apoyos de la extrema izquierda o de Ciudadanos en según qué regiones. Serían los casos de Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde les sería suficiente el acuerdo con los de Albert Rivera, y los de Asturias, Canarias, Baleares y La Rioja, donde tendría que apoyarse en Pablo Iglesias. Los casos de Cantabria y Navarra son particulares. En la primera, es el partido de Miguel Ángel Revilla el que tendría que optar por el PSOE o el PP para mantener el Gobierno autonómico, mientras que en la Comunidad Foral, la división en tres bloques, derecha, vasquistas e izquierdas, da a los socialistas el papel de árbitro. En definitiva, la división del voto en el centro derecha, agudizada con la irrupción de VOX, puede acabar dibujando una hegemonía del PSOE que, desde luego, no se corresponde con la entidad de sus sufragios ni creemos que sea la intención última de aquellos antiguos electores del Partido Popular que han decidido cambiar la orientación de su voto. Pero, como en las pasadas elecciones generales, nuestro sistema de reparto de escaños castiga al sector ideológico que acude más fragmentado a las urnas. El mejor ejemplo de lo que decimos puede plantearse en Baleares, donde se está reproduciendo el mismo proceso de excitación del nacionalismo que hemos visto en Cataluña. Según el sondeo de «NC Report», el partido de Santiago Abascal podría conseguir hasta un 6,4 por ciento de los votos, que se traducirían en 2 o 3 escaños, insuficientes para evitar un Gobierno del PSOE con los nacionalistas. Esos votos, sin embargo, devolverían la mayoría al Partido Popular, que sí sumaría con Ciudadanos para poder formar un Ejecutivo constitucionalista. No es, pues, ociosa la apelación al voto útil, al menos, desde la racionalidad del efecto buscado por el elector. Entre otras cuestiones, porque ante la perspectiva de un Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez apoyado por la extrema izquierda de Podemos –si es que, al final, no se produce una coalición alternativa entre el PSOE y Ciudadanos, que suman mayoría absoluta en el Congreso, lo que no es descartable–, cuya política económica viene determinada por una mayor fiscalidad, mantener gobiernos autonómicos de otro signo puede ser la única manera de reducir el impacto de las subidas de impuestos sobre el conjunto de los ciudadanos y de las empresas. La capacidad normativa de las Comunidades Autónomas es cada vez mayor y pueden desempeñar, insistimos, contrapesos necesarios. De ahí que, además, sea conveniente llamar a la participación de ese sector de votantes que suele abstenerse en mayor medida en las elecciones autonómicas, tal vez, porque consideran un error el Estado de las autonomías que establece nuestra Constitución, cuyas disfunciones, que las hay, deben resolverse dentro de los mecanismos democráticos previstos. Como el voto.