La justificada prisión permanente para violadores

Juan Manuel Valentín Tejero es uno de esos nombres de la crónica negra que no se olvida fácilmente. Es el brutal violador y asesino de la niña de nueve años Olga Sangrador, además de culpable de abusos sexuales a otras seis menores de Valladolid. Cumplió 21 años y cinco meses encarcelado, aunque estaba condenado a penas que sumaban 63 años por un largo historial delictivo. Habría que añadir que precisamente cometió el asesinato de Olga mientras disfrutaba de un permiso penitenciario cuando estaba preso por tres delitos de abusos deshonestos en 1992. Salió en libertad en noviembre de 2013, debido a la anulación de la «doctrina Parot» con la indignación de sus víctimas y el criterio común de todos los informes psicológicos que consideraban que se ponía en la calle a un individuo muy peligroso. Pues bien, Juan Manuel Valentín Tejero ha sido detenido como presunto autor de abusos sobre una menor y ha ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real esta misma semana. Debemos aprender de los errores y de la experiencia. Nuestro aparato penal está obligado a entender y asumir que los depredadores sexuales son criminales que presentan tasas bajísimas de reinserción y recuperación y que su grado de reincidencia es, por el contrario, alto. El Gobierno incorporó al arsenal punitivo la prisión permanente revisable como el instrumento del que disponen las democracias de nuestro entorno para proteger a la sociedad de criminales despiadados como Juan Manuel Valentín Tejero. Que se haga un uso adecuado y sin complejos de él sólo puede ser positivo.