La ley es la democracia

No conviene dejarse confundir por la ficción delirante del separatismo catalán ni, por supuesto, por el juego electoralista y rapaz de la extrema izquierda antisistema, capaz de cualquier acción que suponga desestabilizar al Gobierno y, de paso, el actual sistema democrático español. Detrás del pretendido «todos» contra Mariano Rajoy, comodín ya demasiado manoseado por Pablo Iglesias y Ada Colau, no hay más que el reconocimiento implícito de un error grave: haberse puesto del lado de los golpistas. Porque, como expresó el presidente del Gobierno en su declaración institucional de ayer, la Ley no es una mera imposición arbitraria, sino que su respeto es la esencia misma de la democracia. Son, pues, golpistas quienes se arrogan una legitimidad que no tienen y tratan de hacer pasar el hecho de votar como sinónimo de democracia, cuando ésta sólo existe desde el respeto a las leyes y a los derechos de todos los ciudadanos. Así, ni el Gobierno ha declarado el estado de excepción en Cataluña, falacia sonrojante del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni se ha suspendido la autonomía ni se han limitado en modo alguno los derechos de los catalanes. Por el contrario, las intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bajo las órdenes del juez, que ha actuado de oficio, y las que, sin duda, se producirán en los próximos días, no tienen otra razón de ser que la defensa del Estado de Derecho, de la Constitución y del propio Estatuto de autonomía de Cataluña. Los resultados de la investigación demuestran lo acertado de la medida judicial, por cuanto se ha dado un golpe muy eficaz a la logística del referéndum ilegal, pero, también, a la articulación normativa de la anunciada la república catalana. Los altos cargos de la Generalitat detenidos por la Guardia Civil, que no son aforados, no sólo tenían a su cargo los hilos de la organización de la consulta, sino la preparación del acto sedicioso de la proclamación unilateral de independencia. Frente a los hechos desnudos, la reacción de los partidos nacionalistas catalanes, en un ejemplo académico del fenómeno sociológico del victimismo, llama a la estupefacción y sólo se entiende desde el cinismo desvergonzado de quien, con constancia de mejor causa, endosa a los demás las consecuencias de sus actos. Sólo faltaría para completar el retrato, que las autoridades en rebeldía contra la Ley, las mismas que más obligación tenían de cumplirla y hacerla cumplir, azuzaran la calle contra la labor, por otro lado impecable, de quienes tienen encargada la defensa de la legalidad y actúan bajo las órdenes de la Magistratura y la Fiscalía. El desbordamiento de la democracia parlamentaria por la movilización callejera de una minoría fanatizada, por más ruidosa que ésta sea, es un acto golpista que no será tolerado, por más que desde algunos sectores de Cataluña y del resto de España se haya querido confundir la moderación del Gobierno frente a los comportamientos sediciosos de la Generalitat con una supuesta debilidad. No. Se cumplen, punto por punto, las previsiones que hizo el presidente del Gobierno cuando la deriva secesionista cruzó la línea de la inconstitucionalidad y sus impulsores se situaron al margen de la Ley. Con proporcionalidad, tratando de dañar lo menos posible a las instituciones de Cataluña, y con el respeto debido a los procedimientos jurisdiccionales, el Gobierno, con el respaldo reiterado de los principales partidos constitucionalistas
–que representan a la inmensa mayoría del pueblo español– no ha vacilado a la hora de tomar las medidas de fuerza que ha considerado imprescindibles. Tal vez, la que más impacto pueda tener a corto plazo sea la intervención, justificada y oportuna, por parte de Hacienda de las cuentas de la Generalitat, pero de las consecuencias negativas que traiga esa decisión para la economía familiar de los 170.000 funcionarios que dependen de Carles Puigdemont y de su vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, serán responsables exclusivamente quienes se niegan, una vez más, a cumplir con el ordenamiento jurídico. Oriol Junqueras debe facilitar la documentación que le ha sido requerida o tendrá que explicar a sus funcionarios qué pretende, aparte de una improbable culpabilización del Gobierno, dificultando el cobro de sus nóminas. A estas alturas, y dado el desarrollo de los acontecimientos, hay que estar muy fugado de la realidad para creer que el Estado va a permitir la celebración del referéndum independentista o la segregación de Cataluña. Lo reafirmó ayer Mariano Rajoy: lo que pretenden los separatistas ni es legal ni legítimo y lo que está en juego es «el propio fundamento de la democracia».