La nefasta gestión de Vargas

Si la actuación del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la crisis del aeropuerto de Barcelona es digna de todo elogio, no puede decirse lo mismo de la actual dirección de AENA, la empresa que gestiona las infraestructuras aeroportuarias españolas, en cuyo origen hay que buscar buena parte de las responsabilidades de un conflicto laboral que, en palabras del ministro De la Serna, es «insostenible en el tiempo» y causa un grave daño a un sector estratégico de la economía española, como es el Turismo, por el que nuestro país registra más ingresos que Arabia Saudí con las exportaciones de petróleo. En efecto, la intervención del titular de Fomento, impulsando las negociaciones con todas las partes implicadas, desde el Gobierno al Ayuntamiento de la Ciudad Condal, pero sin eludir sus deberes a la hora de garantizar el respeto a los intereses generales, puede abrir una vía a la solución del problema, llevando al ánimo de los representantes sindicales de Eulen, como les ha señalado la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la puesta en valor de las reivindicaciones que ya se han conseguido y que cumplen muchas de las demandas planteadas por los trabajadores. En caso contrario, la solución inevitable es la convocatoria de un laudo arbitral y el refuerzo de los controles de seguridad por parte de la Guardia Civil y de la Policía catalana. Ahora bien, y con independencia de que el conflicto de El Prat haya quedado encarrilado, es imprescindible que el ministro De la Serna tome cartas en el asunto de la nefasta gestión de AENA, empresa participada al 51 por ciento por Fomento, a través de la secretaría de Estado de Infraestructuras que preside Julio Gómez-Pomar, que, como señalábamos al principio, es la causa última de los problemas que aquejan al sector clave del transporte aéreo. Se impone, pues, la destitución del presidente de AENA, José Manuel Vargas, quien, a tenor de sus decisiones, no termina de comprender que la empresa que dirige se debe al servicio público de toda la sociedad española, y no sólo a criterios economicistas que, a la postre, sólo han conducido al deterioro de la calidad de una empresa que fue referente internacional en la gestión aeroportuaria. En este sentido, es del máximo interés la denuncia del sindicato CSIF, en la que coinciden otras centrales como la UGT, de que en José Manuel Vargas priman más los intereses de los fondos de inversión que se hicieron con el 49 por ciento del capital en el proceso de privatización que los intereses públicos de la principal industria española. Como explican los representantes del CSIF, la cascada de conflictos laborales que ha tenido que enfrentar AENA tiene su causa en una política de contratación de servicios que busca la reducción de costes por encima de cualquier otra consideración, y que lleva a las empresas adjudicatarias, como en el caso de Eulen o de las contratas de limpieza, a trabajar con unos márgenes inviables. Ciertamente, el ministro de Fomento tiene las manos atadas, puesto que la ley siempre obliga a aceptar la oferta «más ventajosa» para la administración pública, pero de lo que se trata es de no forzar unas condiciones a la baja que en demasiadas ocasiones no cubren la calidad del servicio o los derechos de subrogación de los trabajadores. Y no puede el presidente de AENA aducir perjuicio a los accionistas, puesto que la empresa se privatizó con una valoración de 58 euros por acción, cuando ya se cotizan a más de 160 euros. Es decir, como también denuncia CSIF, con una seria merma para las arcas del Estado. En estos momentos, la plantilla de AENA tiene convocadas 25 jornadas de huelga sólo en septiembre. La destitución de José Manuel Vargas se antoja imperativa si se quiere retomar el rumbo perdido en la que fue una empresa modelo.