La postverdad llega a la Guerra Civil

El último Consejo de Ministros aprobó el decreto por el que se ponía en marcha la exhumación de los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. La propuesta estrella del Gobierno socialista incluía la conversión del monumento de Cuelgamuros en un «lugar de memoria para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista». Sin embargo, Pedro Sánchez vuelve a rectificar, pero no para dejar claro lo que quiso decir en un primer momento, sino para oscurecer aún más la propuesta. Ahora se trata de convertir el Valle de los Caídos en un «lugar de reposo». Más concretamente, en un «cementerio civil». Este cambio supondrá, a su vez, no sólo corregir lo anunciado con excesivo aparato pirotécnico el pasado viernes, sino modificar la proposición de ley del 14 de diciembre de 2017 para la reforma de la Ley de Memoria Histórica. En concreto, en su artículo 29 referente a que «el Valle de los Caídos se reconvertirá en un centro nacional de Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática». Todo indica que Sánchez ha actuado no sólo con precipitación impulsado por su frívolo uso político de una mercancía sentimental que la izquierda suele manejar sin pudor siempre que llega al gobierno, sino que su propuesta no está madurada. Quiso patrimonializar la exhumación del dictador sin contar con la oposición y así convertirlos en cómplices y herederos políticos del franquismo, pero sin saber cómo emprender ni tener interés en un verdadero pacto de Estado «de acuerdo con los principios de pluralismo, reconciliación, paz y democracia que consagra la Constitución», como especificaba la proposición de ley ahora modificada. De nuevo Sánchez juega con la inconcreción o abiertamente con la improvisación al proponer un «cementerio civil», algo que excede a las atribuciones del Gobierno. En esta materia, ya existe una ley de noviembre de 1978 con la que se emplazaba a todos los municipios a mantener conectados el cementerio civil y el católico y que los ritos religiosos se puedan realizar ante cada sepultura. El gran osario del Valle de los Caídos, que guarda cerca de 34.000 cuerpos, tiene unas condiciones muy especiales que no son las de un campo santo. Si la imposibilidad de «resignificar» el monumento pasa por la presencia de la cruz de 150 metros de altura, entramos en otros capítulo para el que todavía no estamos preparados. En este sentido, nos tranquiliza la inconcreción del Gobierno en asuntos de desacralización. En esta confusión, vuelve a ponerse encima de la mesa la propuesta de creación de una Comisión de la Verdad, que también contemplaba la misma proposición de ley de mayo de 2017, que es un triste retroceso después de años de estudios de muchos historiadores, en España y fuera, por universidades de todo el mundo y que, poco a poco, ha establecido que la Guerra Civil hubo responsabilidades y errores por parte de todos los bandos. Decir, tal y como establece esa ley, que la tarea de dicha comisión será la «recuperación y análisis de los documentos históricos» es desconocer los que guarda el Centro Documental de la Memoria (antiguo Archivo de Salamanca), el Archivo General de la Guerra Civil Española y otros fondos civiles y militares. Una comisión con «participación ciudadana» y testimonios orales es confundir el trabajo histórico con la «memoria». La demostración de que el PSOE vuelve a tener la hegemonía dentro de la izquierda no debería llevarle a regodarse en la suerte simbólico-ideológica, porque España no sólo tiene problemas más urgentes, sino que es un país digno que ha sabido perdonar, reconciliarse y estudiar su pasado. Los políticos, y de manera especial el Presidente del Gobierno, deberían dar ejemplo.