La pretensión de Podemos, ni legal ni legítima

La pretensión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de constituir cuatro grupos parlamentarios en la Cámara Baja a partir de las «marcas blancas» con las que se presentó en las pasadas elecciones generales en Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana no sólo choca frontalmente con el reglamento del Congreso, sino con la propia esencia de lo que significan las Cortes. En efecto, el artículo 23 del citado reglamento dictamina en su apartado segundo que no podrán conformar grupo parlamentario separado aquellos diputados que pertenezcan a formaciones políticas que no se hayan enfrentado entre sí ante las urnas. De lo contrario, cualquier partido político de ámbito nacional podría trocearse en demarcaciones para obtener más fondos del Congreso y, sobre todo, mayores tiempos de intervención. Esto en lo que se refiere a la cuestión reglamentaria, porque el problema de fondo radica en la propia argumentación de Iglesias, quien afirma que pretende dar voz a los distintos territorios concernidos, olvidando que el Congreso de los Diputados es la institución que representa al conjunto de la soberanía nacional y, por lo tanto, trata de asuntos de carácter nacional, y no una Cámara territorial. Su indefinición sobre el modelo de Estado acarrea este tipo de cosas.