La protección del niño es prioritaria

El próximo Consejo de Ministros dará, por fin, luz verde al anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, cuya andadura, tortuosa por los avatares políticos de la Legislatura, comenzó con el último Gobierno del Partido Popular. Es preciso destacar no sólo la oportunidad de esta norma, que debe hacer frente a uno de los problemas sociales más graves y complejos de tratar desde el punto de vista de la acción penal, sino el hecho de que en su planificación y planteamiento hayan participado asociaciones directamente implicadas en la protección de la Infancia, representantes de los sistemas sanitarios, educativos y judiciales, así como la Iglesia, a través de la Universidad Jesuita de Comillas. En definitiva, todos aquellos profesionales e instituciones que tiene una relación cercana con los menores en los distintos ámbitos, desde el familiar al deportivo, en los que transcurren sus primera etapas de vida y formación. El anteproyecto, tal y como ha adelantado la revistas «Vida Nueva», plantea una serie de puntos de actuación, fruto de la larga experiencia de los ponentes, que inciden en tres campos: la prevención, la vigilancia y la persecución de los delitos, con dos propuestas de indudable calado, que tendrán que ser avaladas en el trámite parlamentario, puesto que modifican aspectos sensibles de las normas de enjuiciamiento, como la prescripción de los delitos y las participación de las víctimas en el proceso penal. En el primer caso, se pretende que el inicio de la prescripción se cuente a partir de que la víctima haya cumplido los 50 años y, en el segundo, se plantea que los menores no tengan que declarar varias veces a lo largo del procedimiento, para lo que se articularía la figura de la «prueba preconstituida» mediante, por ejemplo, la grabación de la exploración de las presuntas víctimas. Ambas medidas, ciertamente de carácter excepcional, nos parecen, sin embargo, adecuadas a la tipología de los delitos y, sobre todo, a las circunstancias de unos crímenes aborrecibles que, en la mayoría de las veces, tienen lugar en el seno familiar. Así, la propia naturaleza de los casos, y el hecho de que más del 80 por ciento de los abusadores resultan ser personas cercanas al niño, familiares, amigos o educadores, sobre el que ejercen un papel de autoridad, hace que muchas de las denuncias se presenten demasiado tarde, cuando las víctimas han tomado conciencia de lo ocurrido y tienen la madurez suficiente para afrontar un procedimiento de enorme dureza, sobre padecimientos que, en muchas ocasiones, la mente infantil se niega a procesar. Los cálculos de las asociaciones más directamente involucradas en la defensa de los menores dan cuenta de que menos del 2 por ciento de los casos acaban en denuncia. Se trata, por lo tanto, de evitar que los autores de estos delitos tan graves queden impunes. Por otra parte, el anteproyecto, tal y como se concibió con el Gobierno del Partido Popular, busca abordar de una manera integral el problema de los abusos en la infancia y primera adolescencia. No es posible establecer departamentos estancos cuando los niños deben ser protegidos en todos los ámbitos donde se desarrolla su vida. Es preciso, pues, establecer protocolos de prevención en las familias, la escuela, los lugares de ocio, la calle que incluyan la formación de los adultos. En muchas ocasiones, conductas que pueden pasar inadvertidas a un profano, podrían detectarse a tiempo si los profesionales que trabajan con menores o los mismos padres adquieren unos conocimientos básicos. Por último, y dado que la protección de los niños y adolescentes es un asunto fundamental y de la máxima prioridad, es de esperar que el trámite parlamentario no se vea entorpecido por la pugna partidista.