La recesión llama a la puerta

A pesar de que la ministra en funciones de Economía, Nadia Calviño, haya advertido de que hay señales de que se está produciendo una desaceleración de la economía, parece que Pedro Sánchez no lo tiene muy en cuenta. Suponemos que para no estropear el «relato», que es lo que cuenta: que la economía va bien gracias a su breve paso por el Gobierno, la mayor parte en funciones. Un buen asesor de imagen puede hace más digestivo un mensaje político, pero no está entre sus habilidades incrementar las previsiones del PIB, el índice del consumo, aumentar la productividad, crear puestos de trabajo o reducir el déficit público. Ya pasó en el gobierno de Rodríguez Zapatero, incrédulo ante la crisis que se avecinaba. El último dato ha sido la caída de un 1,8% en el mes de junio del Índice General de Producción industrial respecto al mismo mes de 2018, lo que supone un 3,6 puntos inferior a la tasa de mayo. La actividad de la industria en la Eurozona también se adentra en la recesión y su crecimiento en el segundo trimestre ha sido del 0,2%, la mitad que el primer periodo. Los últimos datos del paro del mes de julio también abonan esta realidad, teniendo en cuenta, además, que ese mes corresponde a la temporada alta del verano y que siempre es positiva para la creación de empleo, aunque el FMI ya había advertido de este frenazo en nuestro mercado laboral. Si a esta situación se le añade el factor político, que es el que debería compensar los indicadores económicos con medidas que anticipen o aminoren los efectos de la ralentización, podemos concluir que España está expuesta al freno de su crecimiento. De las negociaciones fracasadas con Unidas Podemos para la investidura de Sánchez, lo único que ha trascendido es que habrá un gasto social más alto y, claro está, una subida de impuestos. Mientras, en nuestro país se sigue un debate –por denominarlo de alguna manera– sobre si debe haber un gobierno en coalición con un partido izquierdista antiglobalización cuando Estados Unidos y China han abierto una guerra comercial precisamente por la hegemonía en el mercado global. Trump se ha dado cuenta de que en 2017 la brecha comercial entre EEUU y el gigante asiático es de 900.000 millones de dólares, un dato que no le cuadra a la Casa Blanca, después de décadas de deslocalización de sus empresas a Taiwán, Vietnam, Corea y Hong Kong. En definitiva, vaciando las fábricas norteamericanas por fabricar a bajo coste y competir con Japón y China. Así que el entendimiento entre Sánchez –si realmente cumple el tradicional programa económico socialdemócrata– y Pablo Iglesias –defensor del nacionalimo económico y, se supone, con rearme arancelario para protegerse del mercado global– resulta imposible. ¿De qué debaten entonces? España, que está políticamente abducida en un ciclo electoral sin fin y con la perspectiva de un futuro Gobierno con fecha de caducidad, parece vivir a espaldas del hecho relevante de que en 2018 las exportaciones españolas a China crecieron un 5,8%, ocupando el décimo puesto en la clasificación mundial, y que por contra las importaciones de productos chinos a nuestro país aumentaron el 4,2%. Es decir, nuestra economía está expuesta a una política norteamericana arancelaria agresiva por parte EEUU o de la devaluación del yuan. Los planes económicos esbozados en el programa que quiere llevar Sánchez a La Moncloa está ideológicamente marcado por su contenido «social», eso sí, sin reparar en consecuencias directas. Por ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional hasta 1.050 euros mensuales podría tener unas consecuencias directas –según un informe de la EAE Business School– en el cierre de 15.000 pequeñas empresas porque no podrían soportar esta carga social. Y mientras, Sánchez buscando socios.