La regeneración avanza

La preocupación de los ciudadanos por la corrupción ha bajado siete puntos en un mes, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de febrero. El descenso es significativo, puesto que la muestra estadística se llevó a cabo en unas fechas que coincidían con el estallido de varios escándalos muy mediáticos, como el de las irregularidades fiscales del dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero a raíz de unos ingresos procedentes de Venezuela, o las comparecencias ante la comisión ad hoc del Parlamento autónomo de Cataluña del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y varios miembros de la familia de Jordi Pujol. Por supuesto, la «corrupción y el fraude», que es como figura en el epígrafe del Centro de Investigaciones Sociológicas, sigue percibiéndose, tras el paro, como uno de los principales problemas de España –le siguen las cuestiones de índole económica, el mundo de la política y los políticos, la sanidad y la educación–, pero, en general, se detecta una mejora en la percepción ciudadana de la actual situación española, que, aunque de manera tímida, demuestra que las medidas de corrección que se han venido adoptando desde el Gobierno y desde el resto de las instituciones del Estado implicadas comienzan a calar en la opinión pública. Y ello es así, especialmente, en lo que se refiere a la corrupción, pese a que esta lacra se ha venido utilizando como arma arrojadiza en la pugna política, con la magnificación de unos casos que, en su mayor parte, ni siquiera se encuentran en el trámite de una instrucción judicial. De ninguna forma se trata de minimizar la gravedad del problema, pero sí de dejar constancia de que su percepción pública se ha visto alterada por las graves consecuencias de la crisis y que, a medida que los indicadores mejoren y se acelere la recuperación económica, su reflejo se acentuará en las encuestas, también por los efectos del programa de regeneración de la vida pública, cuyas principales medidas legales empiezan a entrar en vigor. Nos referimos al Estatuto del Cargo Público, la Ley de Financiación de Partidos, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, –estas dos últimas se encuentra al final de su trámite parlamentario– entre otras muchas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es de la mayor importancia que la opinión pública perciba el éxito de la aplicación de estas medidas porque contribuirá a reforzar la estabilidad política de nuestra democracia. No en vano, la lacra de la corrupción se ha venido empleando, además de en la tradicional lucha partidaria, como argumento desestabilizador del sistema democrático por parte de los movimientos populistas surgidos al calor de la crisis y la recesión.

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