Las democracias deben impedir el enfrentamiento en Venezuela

El rotundo éxito de convocatoria que cosechó ayer la oposición venezolana en la gran marcha de Caracas es el mejor reflejo del deseo de cambio de los ciudadanos, pero, también, la prueba más gráfica de que la población de Venezuela no se resigna ante el secuestro de la democracia perpetrado por el régimen socialista bolivariano. Si es grave que un pueblo que votó mayoritaria e inequívocamente contra el Gobierno de Nicolás Maduro tenga que salir a las calles para exigir el respeto a las urnas, peor es que, por toda respuesta, la presidencia de la República anuncie un nuevo paquete de decretos para acabar con la soberanía del Parlamento, mediante la retirada de la inmunidad de que gozan los diputados, que es su última defensa frente al arbitrio gubernamental. Se trata de un camino ya trillado, que sólo conduce al autogolpe de Estado y a la pérdida final de las libertades democráticas. No se trata de una acusación sostenida en el vacío, sino la constatación de que el régimen bolivariano ya no recurre a otros instrumentos que no sean la amenaza, el insulto y, por supuesto, la represión, sin que por ello esté consiguiendo el desistimiento de la población. La marcha de ayer es, en este sentido, paradigmática. Desde el propio Gobierno se habían puesto todas las trabas posibles para desanimar la protesta ciudadana, al tiempo que se utilizaban sin el menor recato los medios del Estado para promover contramarchas oficialistas de escaso eco. Al espectáculo de las Fuerzas de Seguridad impidiendo el paso –incluso con lanzamiento de bombas lacrimógenas– a las columnas de manifestantes que, sin desanimarse, siempre encontraban vías secundarias para acceder a los puntos de concentración, hay que añadir las numerosas detenciones preventivas de alcaldes y dirigentes opositores, muchos de ellos acusados falsamente de delitos de terrorismo. Hasta ahora, el Gobierno de Maduro ha intentado ganar tiempo con la esperanza de que un cambio en los mercados internacionales de materias primas permitan reconducir la grave situación de escasez, con lo que confía en que se desmovilizará buena parte de la opinión pública. Pero ni siquiera una notable subida de los precios del crudo –prácticamente el único ingreso financiero del Estado venezolano– podría revertir a corto o medio plazo las consecuencias de una economía destruida por el intervencionismo socializante, la mala gestión y la corrupción generalizada. El régimen bolivariano no sólo ha fracasado, sino que parece incapaz de aceptar sus propias responsabilidades en la catástrofe a la que ha conducido al país. Por ello, el chavismo recurre a un victimismo que se traduce en convertir en enemigos a todos aquellos que no están de acuerdo con la verdad oficial y en una paranoia conspirativa que sería cínica, si no fuera delirante. Pero la oposición no se arredra y está dispuesta a llegar hasta el final en la exigencia de que el Gobierno acate la Constitución y permita llevar a término antes de que acabe el año el proceso revocatorio de Nicolás Maduro, hasta ahora bloqueado por una junta electoral que sólo responde, como el resto de los organísmos judiciales, a las directrices del régimen. El tiempo apremia y la tensión no deja de aumentar en una Venezuela que corre el riesgo de caer en un enfrentamiento civil abierto. Ha llegado el momento de que la OEA y el resto de las democracias occidentales presionen al Gobierno de Nicolás Maduro con todos los medios a su alcance.