Las pensiones, fuera del sectarismo

A falta de mayores concreciones, la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de aplicar una prima fiscal, vía IRPF, para los pensionistas más mayores, con cargas adicionales por dependencia, puede ser positiva, no sólo porque supondría un ingreso añadido para sus beneficiarios, sino porque opera sobre los ingresos fiscales del Estado, descargando a la Seguridad Social de una nueva obligación financiera. Pero, en cualquier caso, se trata de una medida lateral, que no aborda el meollo de la cuestión. Como ya señaló LA RAZÓN en un extenso informe sobre la situación de las pensiones en España, el próximo mes de marzo, el desembolso por este capítulo superará por primera vez los 9.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta que la inversión en obra pública para todo el año de 2017 fue de 7.500 millones de euros, se entenderá fácilmente la dimensión del problema al que tiene que hacer frente la sociedad española tanto a medio plazo, porque al incremento esperado de los beneficiarios hay que sumarle el de las nuevas pensiones medias, más altas que las actuales, como a largo plazo, dadas las optimistas previsiones sobre la esperanza de vida de los españoles, sólo superada por los japoneses, y las pesimistas expectativas de un repunte de la natalidad en España, que es, por otra parte, de las más bajas del mundo. Políticos, empresarios y sindicalistas pueden, pues, plantear soluciones progresivas más inmediatas o, si se prefiere, cambios profundos del modelo, con vistas a los próximos treinta años, pero lo que es infumable y denota falta de respeto a los ciudadanos es reducir la cuestión a la mera agenda electoral, utilizando a los pensionistas, que ya no dependen de sí mismos para procurarse sus ingresos y se sienten lógicamente indefensos, como arma arrojadiza contra el adversario o como plataforma populista. Así, ni el impuesto especial a la malvada banca, un clásico del socialismo más pedestre, ni la mayor presión fiscal sobre los ricos, tan requerida por los radicales de izquierdas o derechas como inútil, ni los brindis al sol de las revalorizaciones ilusas de Ciudadanos, ni los parches efectistas del Gobierno, acuciado, sin duda, por la demagogia, pero no exento de su responsabilidad, servirán para nada de lo que de verdad está en juego, que es la supervivencia de uno de los mejores sistemas públicos, universales y solidarios de pensiones que existe en Europa. En este sentido, y aún comprendiendo los motivos para llamar a la protesta callejera, es necesario no dejarse intoxicar por el mero partidismo opositor de Podemos o Compromís, al que secunda el PSOE, que parece más interesado en crear inseguridad entre los pensionistas que en aportar soluciones en el único marco efectivo: el Pacto de Toledo. Lo cierto es que, pese a las graves consecuencias de la crisis, que ha provocado, además de altos índices de desempleo, una caída media de los salarios, con el inevitable descenso de las cotizaciones, las pensiones, al menos en los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy, han mantenido su poder adquisitivo. Y, asimismo, es cierto que la desindexación del IPC sobre la revalorización de los ingresos puede provocar una preocupante caída del poder adquisitivo de los beneficiarios en los próximos años, a menos que el crecimiento económico y del mercado de trabajo venga acompañado de una subida de los salarios y de las cotizaciones. Pero, en cualquier caso, como ya señalamos en nota editorial previa, los españoles conforman una sociedad adulta que comprende perfectamente la gravedad del problema y, lo que es más importante, está dispuesta a esforzarse para solucionarlo. No es de recibo que esta preocupación legítima se utilice para la batalla electoral, menos azuzando el miedo de los más indefensos.