Legislar contra la corrupción

Los institutos internacionales de análisis, la OCDE y el Consejo de Europa consideran a España como un país en el que la corrupción no es especialmente grave. No es ésa, desde luego, la opinión del ciudadano medio, pero se trata, también, de una disparidad común en otras sociedades de nuestro entorno. Ocurre porque la medición de la corrupción es una materia muy compleja desde el momento en que se carece de datos empíricos de unos hechos que, por su propia naturaleza, se producen de manera oculta. Ni las estadísticas judiciales, ni las denuncias publicadas en los medios de comunicación sirven para establecer comparaciones. Transparencia Internacional, una de las organizaciones más respetadas en este ámbito, trata de abordar el fenómeno desde encuestas que recogen la percepción que tienen los ciudadanos de los distintos países sobre la honradez de sus instituciones públicas. En el caso español, son los partidos políticos, el Parlamento y la Judicatura los que peores resultados arrojan, pese a lo cual, España se mantenía en 2012 entre los treinta países del mundo con menores índices de corrupción. Sin embargo, el hecho incuestionable es que existe un estado de alarma entre la opinión pública, muy tocada por la situación de crisis económica, con respecto a una supuesta corrupción generalizada entre los representantes políticos y los partidos en que se integran. Unas sospechas que manchan inevitablemente a las instituciones, pero que no sólo están sustentadas en las investigaciones abiertas en casi todos los juzgados del país sino también, en el uso partidista, consciente, de muchas denuncias que carecen de fundamento o que presentan como graves delitos hechos que no lo son. El próximo jueves, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a comparecer en el Parlamento a raíz del llamado «caso Bárcenas», paradigma de la mixtificación a la que nos referimos. Sería una pérdida de tiempo inútil que tratara de convencer con sus explicaciones a una oposición que persigue unos objetivos completamente distintos a la búsqueda de la verdad o la moralización de la vida política española. De ahí que en la Moncloa, como hoy revela LA RAZÓN, se plantee un debate de mayor hondura, con los ciudadanos como principales destinatarios, en el que el presidente del Gobierno va a reclamar el mayor apoyo posible para acelerar la promulgación del paquete de medidas para la regeneración democrática al que se comprometió en el Debate del Estado de la Nación. En él se incluye la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y de los Partidos Políticos, que abrirá las cuentas de todas las formaciones al escrutinio público. El respaldo que obtenga medirá con exactitud qué hay de demagogia oportunista y qué de verdadera lucha contra la corrupción entre los miembros del Congreso.