Los oscuros negocios de Pujol Jr.

Después de dos años recabando información sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola a raíz de que su ex pareja denunciara oscuros movimientos de dinero en bancos de Andorra, el primogénito del líder nacionalista que lo fue todo en Cataluña prestó ayer declaración en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz. Es un trámite más de una causa que cambió radicalmente el rumbo cuando, el pasado 25 de julio, el ex presidente de la Generalitat reconoció que había ocultado durante 34 años la herencia millonaria de su padre. Fue entonces cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 llamó a declarar a Jordi Pujol Ferrusola, al que le imputa delitos de blanqueo y fiscales tras comprobar movimientos sospechosos en numerosas cuentas. Ayer se produjo la declaración a lo largo de más de cinco horas y que desencadenó el conocimiento de la existencia de 118 movimientos de tráfico de divisas por un valor de más de 32 millones de euros realizado en trece países durante ocho años (2004-2012), según informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) y en la que empresarios reconocen haber tenido negocios con el imputado y donde figuran cantidades millonarias que Pujol Ferrusola recibió a cambio de supuestos servicios a empresas adjudicatarias de obras públicas. El interrogatorio de ayer se inscribe dentro de la causa en la que se investigan pagos por unos ocho millones de euros que Pujol Jr. y su entonces mujer habrían recibido de empresas que habían cerrado contratos de obras públicas en Cataluña. El imputado negó en su declaración que recibiera comisiones y que sus ingresos se debían a trabajos de asesoría realizados, aunque de difícil concreción y, como ya apuntó la Udef, «sería un experto en diferentes materias». Por otra parte, Pujol aseguró que esos negocios los realizó dos años después de que su padre dejara la presidencia de la Generalitat en diciembre de 2003 y que estos trabajos fueron realizados ya bajo la administración del tripartito y, de manera especial, con ayuntamientos socialistas. Sin duda, en esta declaración hay un intento de desviar responsabilidades de los gobiernos de CiU, que empieza a ver como una auténtica pesadilla, el periplo de la familia Pujol por los tribunales. Pero debe demostrarlo y, precisamente, ese es el motivo de su declaración ante el juez Ruz: no lo justifica debidamente. La investigación está abierta y será ella la que determine cuándo se realizaron los supuestos «trabajos de asesoría» y dónde está registrado el ingreso de ocho millones porque, de momento, Pujol Ferrusola no ha aclarado su precedencia exacta. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado solicitaron medidas cautelares porque no hay riesgos de que el imputado destruya pruebas, pero tiene que dar muchas explicaciones.