Los partidos deben cerrar filas frente a los augurios de Bruselas

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, dejó ayer abierta la posibilidad de que España sea el primer país de la eurozona en ser sancionado por incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE por exceso de déficit público. Aunque es una posibilidad muy remota, que sería un grave error estratégico y demostraría la existencia de una clamorosa doble vara de medir en la Comisión Europea – que ha transigido olímpicamente con los reiterados incumplimientos de Francia y con la «ingeniería presupuestaria» de Italia–, convendría que las distintas formaciones políticas españolas cerraran filas con el Gobierno en funciones, para así enviar un mensaje nítido a Bruselas sobre la voluntad de España de cumplir el programa de estabilidad y acometer las medidas de ajuste que sean convenientes. No ha sido así por el momento, si nos atenemos a las declaraciones de los portavoces del PSOE, que, desde una fingida indignación, se han apresurado a comprar las previsiones de la Comisión Europea, pese a que éstas se han demostrado equivocadas demasiadas veces. Es una actitud miope, que da fuerza al argumento esgrimido por Bruselas sobre las consecuencias negativas de la actual inestabilidad política y que hace un flaco favor a las expectativas de crecimiento de nuestra economía. Como señalábamos al principio, se trata de un asunto de Estado que debería quedar por encima de la pugna partidista, por muy próximas que se encuentren las elecciones. Pero es que, además, el análisis de prospectivas de la Comisión apunta a que España logrará seguir reduciendo su déficit este año y el próximo, «principalmente gracias a la recuperación económica», con lo que parece absurdo aplicar el paquete de sanciones previsto, lastrando así el proceso de crecimiento español –el mayor de las grandes economías de la eurozona, como reconoce Bruselas– tan duramente conseguido. En este sentido, parece evidente que entre los extremos de quienes plantean volver a una mayor carga fiscal para corregir la desviación del déficit público y quienes, desde posiciones populistas, apuestan por torcerle el brazo a la UE existe la vía más razonable del crecimiento sostenido, uno de cuyos dos pilares, el consumo interno, se resentiría con el incremento de la fiscalidad. Las dos grandes debilidades de España, como son el exceso de endeudamiento, tanto público como privado, y la alta tasa de desempleo, están estrechamente ligadas entre sí y sólo podrán corregirse a medida que se desarrolle el mercado laboral, con la meta puesta en los 20 millones de puestos de trabajo para 2019. Por supuesto, la consecución de este objetivo no está exento de dificultades y, como señala la CE, la inestabilidad política no favorece, precisamente, las cosas, como tampoco lo hace la prevista desaceleración de la economía de la UE, principal destino de nuestras exportaciones. Ahora bien, las bases para la recuperación ya están puestas y la economía sólo demanda ligeros ajustes y el compromiso de todas las administraciones públicas en el cumplimiento presupuestario. Cargar de nuevo sobre la fiscalidad de los ciudadanos, como pretenden las formaciones de izquierda, es la mejor manera de desincentivar la inversión y el consumo. Cuando se hizo imprescindible subir impuestos, al Gobierno de Mariano Rajoy no le tembló la mano. Ahora, sería un grave error.