Más allá de la corrupción

A medida que se desgrana la exhaustiva instrucción procesal elevada por la jueza Mercedes Alaya al Tribunal Supremo, el caso de los ERE va adquiriendo tintes cada vez más sombríos, ya que no estamos ante la simple denuncia de unos hechos de malversación de dinero público, de los que tantos ejemplos hemos tenido en España. No. Lo que la jueza describe y documenta es una trama global de corrupción política, con fines clientelares, mantenida en el tiempo por la Junta de Andalucía. Una perversión del sistema democrático que, en palabras de la jueza Alaya, «en función de una política discrecional de favores y comisiones procedentes de fondos públicos, enmascaraba indiciariamente una realidad de proselitismo continuado». Pero si es difícil sustraerse a las imágenes que evoca la atenta lectura del auto de un PSOE andaluz que se convirtió en un mero instrumento para el exclusivo mantenimiento del poder, también lo es convencerse de que todo se hizo con el desconocimiento de sus principales dirigentes, los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En definitiva, las instituciones que debían velar por el bienestar de todos los ciudadanos de la región, puestas al servicio de los intereses de un partido político que ha acabado metamorfoseado en una sociedad de socorros mutuos, en la que la proyección ideológica pasaba a un plano absolutamente secundario. Con el agravante nada menor de que los urdidores de la trama operaban en un medio social castigado tradicionalmente por la falta de oportunidades de empleo y muy dependiente, por lo tanto, de las subvenciones, subsidios y ayudas públicas. Si se pretende buscar una explicación al divorcio entre una parte de la sociedad de Andalucía y su Gobierno, no se hallará en mejor lugar que en los folios de la instrucción judicial, en esa descripción minuciosa de un régimen minado por el clientelismo. Si desde una óptica partidaria, que no tendría más que un reproche intelectual, se entiende que el PSOE haya cerrado filas ante las acusaciones, poniendo en tela de juicio la solvencia de una instrucción judicial que, no lo olvidemos, ha contado con el trabajo intenso de los investigadores de la Guardia Civil, no nos cabe duda de que, tarde o temprano, la nueva dirección de los socialistas andaluces tendrá que propiciar una profunda catarsis entre su filas. Porque, más allá de las sanciones penales que pudieran dictarse, en el caso de que el Alto Tribunal valide la instrucción de la magistrada, lo que la sociedad española reclama es un cambio de comportamiento pero, también, de actitudes, para que la política vuelva a ser percibida como un medio de transformación y no como un fin en sí misma que se agota en los intereses de los propios.