Navarra: el arma secreta del PNV

Arnaldo Otegi quiere que los problemas territoriales se resuelvan por la vía política –a buenas horas– y, por lo tanto, aspira a conseguir y conservar el mayor poder posible en las instituciones, en concreto en Navarra, territorio que consideran parte de su proyecto de conseguir la gran Euskal Herria. Pero en Navarra, las pasadas elecciones arrojaron un resultado que no coincide con ese histórico plan. Tanto en la Comunidad Foral como en el Ayuntamiento de Pamplona, la fuerza vencedora fue la coalición Navarra Suma, formada por UPN, PP y Cs. No resultó una victoria por la mínima, sino que casi dobló al segundo, a PSN y EH Bildu. Navarra Suma también fue la más votada en las elecciones generales, con dos diputados, escaños cuya abstención habían ofrecido a Pedro Sánchez con la intención de que los socialistas navarros no pactasen con los abertzales de EH Bildu. Pero los planes de Sánchez para Navarra parecen que son otros. Javier Esparza, el candidato que ganó las elecciones con el 36% de los votos –y 20 de los 50 diputados del parlamento foral–, sólo podrá ser presidente de Navarra si el PSN se abstiene, una opción que ha sido descartada por la candidata socialista navarra, María Chivite. Prefiere ser ella la presidenta, lo que es lógico, aunque sea con el apoyo de EH Bildu, factor que rompe algunos acuerdos constitucionales que ahora están en juego en la comunidad. A cambio, el PSN aseguraría que la alcaldía de Pamplona continuase en manos del partido de Otegi, aunque sólo sea con 7 de los 27 concejales frente a los 13 de Navarra Suma. De nuevo, se vuelve a pervertir el sentido del voto, un asunto que ya resulta menor comparado con lo que está en juego en esta comunidad. Así quedaría el mapa de Navarra, repartido por un pacto entre batasunos y socialistas, pero este trueque de instituciones tiene consecuencias a gran escala, más allá del dominio sobre un territorio de 653.846 habitantes (padrón a 1 de enero de 2019), con un PIB que lo sitúa entre los que tienen mejor nivel de vida de España, con el tercer puesto en el ranking de PIB de comunidades autónomas, y el 8,2% de paro (el más bajo de España, cuya media es de 14,7%). Lo que se está dirimiendo es un choque entre el foralismo español y constitucionalista y el foralismo vasquista que aspira a la anexión al País Vasco. El PNV ha marcado una línea clara a Sánchez, si quiere que su investidura salga adelante: impedir que Navarra Suma gobierne y mantener intocable el peso de los abertzales. No hay que olvidar que el PNV es la formación principal de la coalición Geroa Bai, cuya líder, Uxue Barkos, ha ejercido como presidenta de Navarra esta pasada legislatura y que apoyaría ahora a los socialistas en el gobierno foral y aseguraría –con condiciones– su futuro. Los nacionalistas vascos no quieren interferencias políticas nacionales en Navarra, pero es ahí también donde tienen el último recurso: en la disposición transitoria cuarta de la Constitución española. Fue una negociación larga y compleja entre el PNV y UCD, que es la que permitiría que Navarra se incorporase al régimen autonómico vasco a iniciativa de la propia comunidad foral. «Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto», dice la misma disposición transitoria. De ahí que el PNV no acepte que nacionalismo vasco pierda Nafarroa, que forma parte del proyecto nacionalista vasco y no ha renunciado a él. No es sólo un elemento simbólico y cultural, sino una pieza clave para el desarrollo económico del País Vasco. Sánchez debería tener en cuenta que lo que está en juego es el avance del nacionalismo disgregador en un momento en que Cataluña sigue en su empeño de poner en jaque al Estado.