No hay presos políticos, sino políticos que no cumplen la ley

No ha sido una sorpresa que tras el ingreso en prisión –provisional– de los dirigentes de la ANC y de Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya dicho: «Volvemos a tener presos políticos». El mensaje entra dentro de la lógica de quien desde hace tiempo ha rechazado la legalidad –española y catalana–, desprecia el papel de los tribunales, empezando por el Constitucional, y han dejado entrever que en una Cataluña independiente los jueces estarían bajo control del gobierno. La reacción del mismísimo representante del Estado en Cataluña –aunque con dejación de funciones– entra, además, dentro de la lógica de quienes desde hace tiempo han desarrollado un sofisticado victimismo y han querido representar el papel de quienes viven en un lugar oprimido y asediado por un Estado infame que nunca les concedió la menor autonomía. La consigna lanzada es que en España hay presos políticos y con ello buscan oxígeno para una causa que desde hace demasiado tiempo está remando contra la democracia, los intereses de España y de Europa. Lo mejor sería que denunciaran ante altas instancias internacionales el caso de las detenciones de Sánchez y Cuixart. Un preso político es aquel que ha ingresado en la cárcel, o sufre otro tipo de detención, sin haber cometido un delito tipificado en ningún código, sino por sus ideas. En este caso, no será porque el independentismo y hasta el nacionalismo más excluyente y radical no pueda expresarse libremente, haya sido perseguido y no ocupe un lugar predominante en las instituciones catalanas, políticas, sociales y culturales –y no monopolice la Generalitat, use el Parlament a sus anchas, disponga de policía propia, y ahora a su servicio, medios de comunicación públicos y el dominio de la calle-, y viva algún tipo de discriminación en lengua y costumbres. En la decisión de la juez Carmen Lamela de encarcelar a los dirigentes de la ANC y de Omnium concurren todos los requisitos exigidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento y sigue la doctrina del Tribunal Constitucional de la necesidad de «existencia de indicios racionales de la comisión de la acción delictiva». Según argumenta en su auto la magistrada Carmen Lamela, existe «riesgo de reiteración delictiva» (sentencia del año 2000) de «lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña». Todo indica que estos dirigentes, investigados por delito de sedición, están dispuestos no sólo a incumplir las leyes, sino a impedir que se cumplan y, en tanto «aprecia la alta probabilidad de que los dos investigados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba», aconsejó a la juez instructora decretar la prisión provisional. No duden los detenidos que estarán amparados por el derecho a la tutela judicial reconocido en el artículo 24 de la Constitución, donde se regulan todas las garantías procesales sin que pueda producirse indefensión, norma que emana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las garantías que amparan a Sánchez y Cuixart (el derecho a un juez ordinario, a la defensa y asistencia de letrado, a proceso público, utilización de pruebas, a no declarar –al que uno de ellos se acogió–, a no confesarse culpable o a la presunción de inocencia) están aseguradas y no corresponde con la tipificación de «preso político». No hablamos de presos políticos, sino de políticos que incumplen impunemente las leyes.