Pedro Sánchez tiene la palabra

La decisión del Tribunal Supremo de citar a declarar como imputados en la causa de los ERE a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chavez y José Antonio Griñán, y a los ex consejeros andaluces Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera –actualmente aforados por su condición de parlamentarios nacionales– no presupone, por supuesto, su culpabilidad, pero tiene una innegable trascendencia política, tanto por la entidad del delito en el que se han visto incursos –el uso irregular de 900 millones de euros que debían haber sido destinados a gasto social–, como por el momento en que se produce, cuando la sociedad española está muy sensibilizada ante la cascada de denuncias por corrupción en las instituciones públicas y, además, afronta un intenso año electoral. Existe, por lo tanto, una responsabilidad política que atañe directamente al PSOE y que viene agravada por la actitud justiciera, con mucho doble rasero, con que los socialistas han venido tratando los casos que atañen a sus adversarios, empleando las denuncias de corrupción como arma arrojadiza en la contienda electoral pero, también, en la labor de oposición, tanto al Gobierno central, como a otros ejecutivos autonómicos. Hay, asimismo, en este proceso una dimensión jurídica que no pasará inadvertida a los ciudadanos: el hecho de que los principales responsables durante largos años de la Junta de Andalucía fueran sustraídos a los tribunales ordinarios debido a su aforamiento ha condicionado, alargándola, una compleja investigación judicial que comenzó en marzo de 2011. Sin duda, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, podría acogerse a las disposiciones del código ético de su partido –que sólo obliga a renunciar a sus cargos o a sus escaños a los militantes procesados y con señalamiento de vista oral– para no exigir las actas a los cinco imputados, pero está atrapado por sus propias y reiteradas palabras de inflexibilidad ante los menores indicios de corrupción y sus promesas de erradicar las prácticas irregulares en lo que atañe a su ámbito de decisión. Una postura que él contrapone con la, a su juicio, «tolerancia y complicidad con los corruptos» del Partido Popular, obviando que ha sido, precisamente, el Gobierno de Mariano Rajoy el que ha impulsado y elaborado la legislación más dura para prevenir y, en su caso, castigar la corrupción en las instituciones públicas. Labor en la que, por motivos puramente partidistas, se ha visto desasistido del principal partido de la oposición. Pedro Sánchez está, pues, obligado a respetar las mismas líneas rojas que él ha trazado y a obrar en consecuencia. Lo contrario no deja de dar alas a los movimientos populistas, que utilizan de manera torticera los casos de corrupción para atacar la esencia misma del sistema democrático.