¿Podrá el PSOE asegurar una legislatura estable?

La fractura que vive el socialismo español queda representada por las posiciones contrapuestas que mantienen el PSOE de Andalucía y el PSC en Cataluña. Los primeros abrieron ayer la brecha para formalizar la abstención en la investidura de Rajoy, lo que daría vía libre a su gobierno; los segundos se han reafirmado en la posición del «no es no», argumentando que apoyar, en la manera que sea, al adversario debilitaría, aún más, al partido. Andaluces y catalanes siempre fueron las dos familias socialistas hegemónicas y los que más diputados aportaban al grupo parlamentario. En el caso de los andaluces, alcanzaron los 42 escaños; ahora están en 20. El partido que seguirá liderando Miquel Iceta llegó a cosechar 25 –con grupo parlamentario propio– y ahora se encuentra en un número residual de siete. Con estos datos, que el PSC insista en querer bloquear la legislatura y llevarnos a nuevas elecciones sólo puede interpretarse en el contexto de la radicalización de la política catalana. Iceta se desentiende de su aportación al conjunto de la gobernabilidad de España y se prepara para competir con el populismo izquierdista de Ada Colau ante el supuesto de nuevas elecciones autonómicas dentro de seis meses. El PSOE, o tan sólo la abstención de 11 de sus diputados, puede permitir que tengamos gobierno después de un año, lo que no asegura la estabilidad. La escenificación de este «préstamo» de votos –suponemos que en secreto– no es muy edificante, ni para los socialistas ni para el sistema. El PSOE acude a la reunión del Comité Federal de este fin de semana muy dividido, lo que augura que será difícil llegar a un acuerdo unánime. La debilidad de los socialistas anuncia una oposición radical –que no es lo mismo que dura–, errática y con la vista puesta no tanto en fiscalizar al Gobierno como en curar sus heridas. El PSOE se debate entre cómo hacer compatible la abstención con seguir liderando la oposición. Si la legislatura que arranque va a suponer un bloqueo de las iniciativas parlamentarias del Gobierno, ésta puede ser más corta de lo deseable. Cómo acabará es fácil preverlo: por moción de censura o porque Rajoy la dé por muerta ante la imposibilidad de gobernar. La frontera será la aprobación de los Presupuestos Generales, que, según los planes de Moncloa, no iría más lejos de febrero. El trabajo por parte de Hacienda ya está hecho. La realidad de los hechos se impone y la política deja el ámbito partidista: los ajustes exigidos por Bruselas no va a poner fácil la legislatura, ya que, de entrada, hay que recortar 5.500 millones. El objetivo de Rajoy para este mandato seguirá siendo la recuperación económica y sobre ello ha continuado trabajando. La prueba es que esta misma semana el Congreso podría aprobar las reformas de la ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que permitirá a las comunidades sacar adelante sus propios presupuestos. De paso, y no es menor, también saldrá adelante la ley Electoral, que impedirá que, en caso de que no haya investidura, las terceras elecciones se celebrasen el día de Navidad. Estamos ante una situación inédita en la política española: un gobierno en minoría que debe pactar sus iniciativas legislativas en un momento en el que el país necesita la mayor estabilidad posible para mantener el crecimiento económico. Hay un factor nuevo y determinante: la crisis del primer partido de la oposición, que se debate entre volver a la centralidad política –en un momento de desorientación de la socialdemocracia– y competir con Podemos en un radicalismo estéril.