Política de hechos, no propaganda

El Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo «Plan Estatal de Vivienda 2018–2021», que, con una financiación de 1.443 millones de euros, pretende favorecer el alquiler a los menores de 35 años de rentas bajas, a las familias numerosas, a los mayores de 65 años, a quienes hayan sufrido un desahucio, a las mujeres que hayan padecido malos tratos y a aquellos ciudadanos con una discapacidad. También contempla ayudas para la compra de viviendas, con especial incidencia en municipios con menos de 5.000 habitantes, y para las nuevas construcciones de pisos que sean destinados al alquiler. Hay además subvenciones a la rehabilitación de inmuebles que, por primera vez, se adjudicarán individualmente y no sólo a las comunidades de vecinos. En principio, se trata de un buen plan que, según las previsiones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, alcanzará a medio millón de personas y favorecerá la creación de unos 60.000 puestos de trabajo. Extraña, por lo tanto, la glacial indiferencia, apenas matizada por las reacciones de los sectores directamente interesados en el mercado inmobiliario, con la que los partidos de la oposición han recibido este paquete de medidas del Gobierno; y extraña más aún en el caso de Podemos y sus confluencias si tenemos en cuenta que las principales ciudades españolas en las que gobiernan los de la formación morada son las que presentan las mayores dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes con sueldos bajos y personas con dificultades económicas o de salud. En Madrid y Barcelona, regidas por Manuela Carmena y Ada Colau, respectivamente, los alquileres han subido en los últimos cuatro años por encima del 25 por ciento, y no precisamente en los barrios más caros. Así, en la capital de España, el distrito de Tetuán de las Victorias ha registrado el incremento del alquiler más alto, el 37 por ciento, mientras que en la Ciudad Condal, con una subida media de los arrendamientos cercana al 49 por ciento, se han disparado los desahucios –más de 12.000 entre 2015 y 2017, según datos del CGPJ–, la inmensa mayoría de ellos por impago de los alquileres. La tendencia en el incremento de los precios de la vivienda se mantendrá a medida que mejoren las perspectivas económicas, entre otras razones, porque ni las comunidades autónomas ni los principales ayuntamientos han abordado con decisión este problema. Al contrario, tanto en los consistorios de Madrid como de Barcelona lo que se han multiplicado han sido las trabas a la promoción inmobiliaria. Sin duda, el Gobierno que preside Mariano Rajoy ha actuado en un terreno complicado, en el que el aumento de la demanda puede provocar un «efecto rebote» indeseable, pero, desde luego, no se le puede reprochar que haya mirado para otro lado o que no haya hecho un esfuerzo para tratar de ayudar a quienes más lo necesitan. Paradójicamente, este Ejecutivo, que está en minoría parlamentaria, y al que se le acusa gratuitamente de inmovilismo desde una oposición política que sólo sabe practicar la obstrucción, ha tomado medidas de alcance, algunas, incluso, históricas, como la equiparación de sueldos de las Fuerzas de Seguridad, una actualización ambiciosa de los salarios y plantillas de la Administración Pública, la ampliación de las prestaciones sanitarias, el saneamiento de las deudas con los proveedores de servicios públicos y que, junto con una acción legislativa notable, como la dedicada a la lucha contra la violencia de género, demuestra iniciativa y no quietud. Es cierto, sin embargo, que esta actividad no acaba de llegar a una opinión pública bombardeada en exceso por una propaganda que remite al imaginario de un supuesto país del tercer mundo. Pero, en cualquier caso, de un Gobierno se espera una política de hechos, como la actual.