Maduro, libera a un demócrata

El próximo sábado 18 de febrero se cumplirán tres años del encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López por el régimen chavista que detenta el poder en Venezuela. Se trata de una arbitrariedad inicua y de un atentado clamoroso a las más elementales normas del Derecho público, pero, también, de una denuncia permanente, innegable, del carácter totalitario que ha adquirido el Gobierno de Nicolás Maduro, el mismo dirigente que ha llevado a su país a la miseria y la desesperanza. En efecto, Leopoldo López no está encarcelado en el penal militar de Ramo Verde por un azar de la represión policiaca bolivariana, como sí ha ocurrido con otros opositores. No. Leopoldo López ha sido objeto de una persecución despiadada desde que las encuestas de opinión pronosticaron en 2008 su victoria en las urnas frente a Hugo Chávez. A partir de ese momento, todas las terminales del régimen se pusieron en marcha para acabar con su futuro político por la vía de la calumnia y el concurso de un sistema judicial corrompido por el poder. Y así, mientras distintas organizaciones internacionales independientes, como Transparencia Internacional, premiaban al entonces alcalde de Chacao por la limpieza, eficacia y transparencia de su gestión municipal, el régimen chavista inventaba acusaciones de corrupción imposibles de probar, pero que fueron la excusa para conseguir su inhabilitación para desempeñar un cargo público. López no pudo presentarse a las elecciones por la Alcaldía de Caracas ni, mucho menos, disputar la presidencia de la República. Nada importó a los jueces, a los fiscales y al Gobierno venezolano que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara la flagrante injusticia perpetrada por el régimen. Habían conseguido su primer objetivo, pero no pudieron arredrar a un hombre valiente, convencido de la justicia de su causa y enamorado de su país y de sus gentes. Aún hoy, tras tres años de terrible prisión, confiesa en la entrevista concedida a LA RAZÓN que no se arrepiente de haberse entregado voluntariamente a la Policía política aquel 18 de febrero de 2014: «Presentarme a una justicia injusta –afirma– representó una nueva oportunidad de enfrentar la mentira, el abuso de poder y la necesidad de cambiar de raíz el sistema». Frente a un demócrata que alentaba las esperanzas de liberación de todo un pueblo, el Gobierno de Nicolás Maduro jugó con todas las armas a su alcance: fabricó pruebas, extorsionó al fiscal, designó a los jueces del tribunal, entorpeció el derecho de defensa y ahogó la información pública sobre el proceso. Y en medio del estupor de todos los gobiernos democráticos, del rechazo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la reprobación de las gentes de buena voluntad del mundo, el régimen chavista consumó el crimen contra la libertad: fue sentenciado a cumplir 13 años y 9 meses de prisión. Ciertamente, el encarnizamiento con Leopoldo López por parte del Gobierno de Nicolás Maduro responde a una estrategia de amedrentamiento de la oposición venezolana, a una acción represiva ejemplarizante, que se ha ido extendiendo a medida que el chavismo perdía apoyo popular y se veía superado en las urnas. No es, sin embargo, algo que los gobiernos democráticos puedan tolerar indefinidamente. Es preciso pasar de las palabras de condena y de las muestras de apoyo al dirigente preso a tomar acciones de presión política que fuercen al régimen de Maduro a su liberación. Es, en definitiva, lo que han resuelto los tribunales internacionales y ha votado la ONU. Simplemente hay que hacerlas respetar.