Puigdemont bajo el peso de la ley

La Razón
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En la madrugada de ayer, el Boletín Oficial del Estado publicó los cinco decretos aprobados por el Gobierno en su consejo extraordinario de puesta en marcha del artículo 155. El primero de ellos «autoriza al Gobierno de la Nación el cese del Presidente de la Generalitat de Cataluña». La decisión se hizo efectiva –desde la edición digital del BOE– y, desde ese momento, Carles Puigdemont era apartado de su cargo. Mientras esto sucedía, miles de ciudadanos catalanes –pero no millones, ni la inmensa mayoría, como machaconamente insiste la propaganda nacionalista– salían a la calle a celebrar la «primera fiesta de la República». Puigdemont y los dirigentes separatistas siguen instalados en una realidad fraudulenta en la que ha quedado atrapada una parte importante de la población, pero no toda, ni muchísimo menos: de 7,5 millones de catalanes, sólo 1.957.348 de electores votaron a partidos declaradamente independentistas. Para dar pábulo a esta irrealidad, Puigdemont protagonizó ayer una comparecencia fantasmal desde Gerona, ciudad en la que reside, para hacer un llamamiento a la «resistencia democrática» y, aunque no se presentó como presidente de la Generalitat –eso lo dejó para TV3–, estaba implícita en su aparición que no acataba la decisión de su cese fulminante. Su actitud es de una extrema gravedad, algo que en este momentos sólo hay que entender como otra provocación inadmisible. Que no quiera acatar lo dispuesto por el artículo 155 entraría dentro de lo previsible, pero ya sabemos que el lenguaje de Puigdemont es el de la mentira –estos días ha demostrado que no tiene límites– y la manipulación sentimental: declarar la independencia y no declararla; no declararla él y que lo haga el Parlament; amagar con el desacato pero sin hacerlo en nombre del todavía presidente de la Generalitat y, por último, escudarse de nuevo en la calle y llamar –por supuesto sin hacerlo– a la movilización contra lo dispuesto por el Gobierno: «La mejor manera para defender las conquistas es la oposición democrática al artículo 155». Como era de esperar, el Gobierno no ha respondido a esta última afrenta de Puigdemont: «Corresponde al ámbito judicial». El aislamiento de los ex dirigentes de la Generalitat es evidente y no sólo por lo que proclamaron, sino por cómo se fraguó con el uso desleal de las instituciones de autogobierno este golpe. Hay una lección que aprender de estos hechos: la democracia debe ser defendida ante un ataque tan flagrante. Puigdemont no sólo ha perdido la razón –la razón política–, sino que se enfrenta ahora ante la Justicia que con tanto denuedo ha querido burlar. Puede que su mensaje en TV3 sólo sirviese para mostrar su desacato, aun sin presentarse como «president», pero no debería olvidar que ese juego puede añadir el delito de usurpación de funciones (artículo 402 del Código Penal) a los de malversación, desobediencia, prevaricación y, sobre todo, el de rebelión, a la querella que la Fiscalía presentará mañana ante el Tribunal Supremo. Si la estrategia de Puigdemont y los suyos es llevar al límite al Estado y provocar violencia –a estas alturas ya sabemos que el pacifismo del independentismo es persistir en el delito– y desacreditar a la sociedad española, comete un grave error: la democracia tiene el legítimo derecho a defenderse y la aplicación del 155 se está haciendo con un escrupuloso respeto de la Ley. Y, además, comete el error de no comprender que, ahora sí, hay una salida democrática a esta situación: el próximo 21 de diciembre habrá elecciones y será de su resultado de donde pueda plantearse una nueva situación política que rompa el asfixiante abuso nacionalista.