Rajoy sí hace política en Cataluña

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Cabría reprocharle al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tanto el tiempo perdido como los balones de oxígeno que su confusa estrategia hayan podido dar al separatismo catalán, pero sería un ejercicio inútil. Lo importante es que la dirección socialista, como no podía ser de otra forma dada la trayectoria del partido que mejor ha representado a la izquierda democrática española, ha confirmado de manera inequívoca su alineamiento con la Constitución y el Estado de Derecho frente al desafío de la Generalitat de Cataluña. Sin duda, ese respaldo expreso del PSOE al Gobierno de la Nación ante una cuestión que está, en palabras del propio Sánchez, por encima de las ideologías, servirá para tranquilizar a la opinión pública, muy consciente de la gravedad del momento, al tiempo que coloca en su lugar a quienes siempre se han negado a abrir cualquier cauce de diálogo político, que no son otros que los partidos independentistas catalanes. Llegada la hora de la verdad, se ha demostrado que de nada sirven las políticas de equidistancia ni el grosero reparto de culpas –dialéctica en la que, quizás–, se sienta cómodo Podemos, pero que no deja de ser un insulto a la inteligencia del común de los españoles. También de este cambio del PSOE con respecto al desafío separatista, que es más de forma que de fondo, se puede desprender un reconocimiento, todo lo tibio que se quiera, a la estrategia política adoptada por La Moncloa. Una estrategia alejada de efectismos y que no ha dado opción a las provocaciones cada vez más descaradas de los separatistas catalanes, pero que ha ido invalidando, con el preceptivo recurso a los mecanismos de nuestro ordenamiento jurídico, todos los pasos presuntamente institucionales que daban la Generalitat y el Parlament. Así, como hemos señalado en notas anteriores, a menos de un mes de la supuesta fecha del referéndum ilegal, los convocantes tienen bloqueadas las vías logísticas, administrativas y económicas de la organización de la consulta. Una eficacia que, pese al comodín sectario del «inmovilismo del Gobierno» del que hasta ahora ha abusado la oposición, no ha supuesto falta de diálogo político por parte de Mariano Rajoy. Todo lo contrario, el Ejecutivo, con su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al frente, ha mantenido la mano tendida a los dirigentes de la Generalitat durante meses, en un ejercicio de contención y de voluntad de negociación digno de elogio. No podrá tener queja la sociedad catalana de que desde el Gobierno de la Nación se haya llevado a cabo actuación alguna que mermara sus intereses o sus derechos constitucionales. Otra cuestión es que ese diálogo nunca podía pasar por el reconocimiento de otra soberanía que no fuera la que pertenece al conjunto del pueblo español. Ha sido la cerrazón de los separatistas, empeñados en una estrategia de confrontación, la que ha invalidado cualquier acercamiento de posturas y ha cegado las salidas razonables a la crisis. La responsabilidad de lo que suceda en Cataluña el próximo uno de octubre es, pues, enteramente de quienes intentan acabar con nuestro Estado de Derecho y pretenden desconocer la Constitución. De quienes se atribuyen una legalidad democrática que no tienen, puesto que ésta corresponde a la democracia española en su conjunto, que será la que se imponga. Por supuesto, no queremos disimular la gravedad de la situación creada por la Generalitat, pero sí trasladar a la sociedad española que, al final, como se está viendo, prevalecerá la razón sobre la inconsciencia. Ni el Gobierno del PP está inerme ante el desafío ni está solo: cuenta con el otro gran partido constitucional.