Rivera se empeña en el error

El presidente de Ciudadanos en la región de Murcia, Miguel Sánchez, ha planteado como condición inexcusable para apoyar la investidura del candidato popular, Fernando López Miras, una reforma exprés del Estatuto de Autonomía murciano que elimine los aforamientos de los diputados regionales y de otros cargos públicos, en la línea sostenida por la dirección nacional del partido que lidera Albert Rivera. Por supuesto, esa reforma estatutaria no tendría efectos jurídicos hasta su convalidación por el Parlamento de la nación, pero lo que busca el partido naranja, según confesión propia, es que el Partido Popular «se retrate», obligando a que pongan su firma y sus votos en una reforma tan discutible como discutida. No es cuestión ahora de entrar en las razones últimas que mueven a Ciudadanos a propugnar la desprotección procesal de los representantes de la soberanía nacional electos, como si esa figura otorgara a sus beneficiarios una patente de corso para delinquir, cuando, en realidad, se trata de una medida elemental de protección de la acción pública frente a las posibles arbitrariedades del poder político. No hace falta ir muy lejos en el tiempo para hallar ejemplos de la frivolidad que supone la pretensión de Ciudadanos porque, entre otras evidencias, tenemos los intentos del Gobierno socialista de Venezuela de, cuando menos, limitar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional, para yugular directamente la acción opositora. Pero es que, además, en España se da una circunstancia especial que cualquier persona bien informada debería tener en cuenta a la hora de proponer la eliminación de los aforamientos. Nos referimos, por supuesto, a la figura de la acusación popular, derecho reconocido en nuestra Constitución y articulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no existe en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. Es evidente que si se pretende retirar el aforamiento hay que abordar simultáneamente la reforma de los requisitos subjetivos para ejercer la acusación popular con el fin de evitar que ésta se consolide como una vía espuria de los partidos, los sindicatos y otras organizaciones de intereses difusos para su propio beneficio. Son muchos los juristas que vienen advirtiendo de que se está utilizando la acusación popular con intenciones electoralistas, de descrédito y desgaste de los adversarios políticos. Es decir, que se abren procedimientos judiciales –o se incorporan a causas ya abiertas– a instancia de instituciones de carácter público que carecen del requisito de «no tener interés particular en la causa». Precisamente, en Murcia, han sido los distintos representantes del PSOE quienes han instado casi todas las denuncias por corrupción contra el Partido Popular –la mayoría posteriormente archivadas– lo que, sin apuntar juicio de intenciones, tiene el aspecto de una causa general. En este sentido, la actual situación política murciana, en la que el Partido Socialista regional va a proponer como candidato a la presidencia del Gobierno autonómico al mismo cabeza de lista que perdió las últimas elecciones por nueve escaños y 14 puntos porcentuales frente al Partido Popular, y que, significativamente, está detrás de muchas de las actuaciones judiciales abiertas. Ciertamente, el hecho de que los populares se quedaran –con 22 diputados– a un sólo escaño de la mayoría absoluta les obliga a pactar con Ciudadanos, que consiguió 4, pero ese acuerdo debería basarse en un programa de gestión de Gobierno, sin forzar voluntades en asuntos que van mucho más allá de poses justicieras.