Tiempo de reflexión en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid afrontó ayer una cita parlamentaria que debía marcar un antes y un después, aunque no fue así. Compareció en el pleno extraordinario de la Asamblea regional para responder sobre la polémica de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos. De sus esperadas explicaciones dependía que se despejaran las incógnitas sobre las supuestas falsedades y el trato de favor en torno al citado título en Derecho Autonómico cursado en 2011-2012. Cristina Cifuentes defendió su versión con la exhibición de una serie de documentos oficiales en su mayoría ya conocidos, aunque aportó uno nuevo, una carta del profesor Pablo Chico al rector Javier Ramos admitiendo «el error de transcripción relacionado con la plataforma informática donde se vuelcan las notas». Se presentó ante la oposición con una estrategia que consistió fundamentalmente en denunciar una «operación de descrédito» para «desestabilizar su gobierno» y «ganar en los medios y en las redes lo que no se ha ganado en las urnas». Su discurso se mantuvo firme en que el máster es «perfectamente real y legal» y en que ni su currículum ni sus calificaciones «han sido falseadas ni falsificadas». Como era de esperar, ni sus palabras ni los documentos ya exhibidos convencieron al resto de los grupos de la Cámara –Ciudadanos, PSOE y Podemos–, que pusieron el acento en que su relato no era en absoluto creíble y que había demasiados hilos sueltos como para zanjar este embrollo. Minutos después de que finalizara el pleno, los socialistas anunciaron una cantada moción de censura contra Cifuentes, a diferencia de Ciudadanos que planteó una comisión de investigación, en una secuencia de envido y órdago un tanto teatral entre dos fuerzas políticas en aparente disputa. Más allá de que los portavoces de la oposición demostraron sus dificultades para poner en serios aprietos a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes tuvo la oportunidad de arrumbar toda desconfianza con la presentación del Trabajo Fin de Master (TFM), del que sí mostró una certificación sobre su calificación, como las del resto de las materias. Estamos seguros, no obstante, de que la presidenta lo hará público más pronto que tarde, o bien que hará lo posible y lo imposible para que la Universidad lo divulgue. Seguir ocultando el documento no tendría mucho sentido y sólo ayudará a prorrogar este desagradable enredo y a distraer esfuerzos y atenciones que son muy necesarios para la gestión pública.

Es preocupante que los tiras y aflojas de la presidenta y sus interlocutores en la comparecencia parlamentaria no hayan despejado el horizonte político ni hayan disipado la bruma que envuelve a una comunidad esencial. Desde ayer todo apunta a que serán los tribunales y la propia Universidad Rey Juan Carlos los que tendrán que dar las respuestas necesarias que la trifulca política impide. Hasta entonces, Ciudadanos, aparente sostén del gobierno de Cristina Cifuentes, ha tomado este asunto como otro más de su arsenal de desgaste y eso presagia un clima político convulso y nocivo. Se atisba un periodo de inestabilidad política e institucional creciente que será perjudicial para el territorio más dinámico de la nación. Por supuesto, parece poco probable que esa fricción en la codiciada plaza madrileña se ciña exclusivamente a la figura de la presidenta regional. Que se pueda poner en riesgo el futuro de las políticas del Partido Popular que han logrado incuestionables éxitos en la Comunidad de Madrid debe ser motivo de preocupación y de reflexión en el gobierno madrileño y en su principal apoyo parlamentario como es Cs, pues es mucho lo que está en juego, la gobernabilidad de la región y la prosperidad de la gente. Apelar a su responsabilidad a la hora de medir sus pasos en este tiempo clave se nos antoja imprescindible.