Toca investigar la nociva privatización de Aena

Mientras los representantes de Fomento, AENA y los sindicatos intentaban ayer paliar en lo posible la caótica situación del sector aeroportuario español con varias jornadas de huelga convocadas para septiembre, las consecuencias de la polémica labor del presidente de la empresa pública, José Manuel Vargas, pueden llegar al Congreso. Podemos pretende que la Cámara Baja investigue al menos la más que controvertida y sospechosa privatización y salida a bolsa de AENA. Las cifras están meridianamente claras y evidencian que se trató como poco de una decisión precipitada y gravosa para la hacienda pública. Valorada en febrero de 2015 en 8.700 millones, la entrada de accionistas particulares en el 49% de la empresa supuso una recaudación para el Estado de 4.263 millones. Si entonces el valor de las acciones estaba en 53-58 euros, hoy el precio del título se sitúa en 160, lo que supone una capitalización de alrededor de 24.000 millones. De haber salido a la venta en este momento, las arcas públicas habrían recibido casi 12.000 millones, lo que demuestra un perjuicio flagrante. Si a eso añadimos que la idea del primer directivo de AENA era haber vendido aún más barato, hay razones suficientes para que el Parlamento llegue hasta el fondo del asunto y aclare el papel de Vargas. Obviamente, no se trata de prejuzgar conductas, pero sí de resaltar que hubo una seria merma económica para el Estado, como han denunciado con insistencia los sindicatos. Estamos, pues, ante una iniciativa parlamentaria que responde al interés general.