Torra es un peligro para Cataluña

El objetivo del independentismo es desestabilizar al Estado. Es innegable que sólo busca desbordar a las instituciones democráticas con una ocupación de la calle e imponer un nuevo orden con la desaparición del Estado en Cataluña. Es una estrategia ensayada desde el 1-O: forzar a la violencia desde un pacifismo que ya nadie se cree. El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, convertido en el instigador de las protestas e incapaz de rechazar con energía los actos de violencia, lanzó ayer, de nuevo, un llamamiento a continuar el enfrentamiento. Anunció en el Parlament su compromiso de realizar un nuevo referéndum en lo que resta de legislatura: «Habrá que volver a poner las urnas para la autodeterminación», dijo. El objetivo, añadió, es acabar la legislatura «validando la independencia». Si en la madrugada del miércoles Torra balbuceó que rechazaba la violencia ante el paisaje desolador de los ataques de los CDR que tanto ha cuidado, horas después volvía a indicar el camino a seguir: el enfrentamiento con el Estado, al que muy eufemísticamente llama «desobediencia civil». En la práctica es pasar por encima de los derechos de la mayoría de los catalanes contrarios a su ideario nacionalista excluyente. Esta situación de violencia puede prolongarse durante todo el fin de semana, incluso cronificarse en el tiempo con mayor o menor intensidad, pero Torra, su gobierno y el prófugo Puigdemont no deberían despreciar la capacidad de aguante de un amplio sector de población que asiste con indignación, día a tras a día, al espectáculo de ver como se pisotean sus derechos y se impone, paso a paso, la hoja de ruta nacionalista. Sorprende que ante este alarmante deterioro de la convivencia, el PSC no haya reaccionado ante el peligro que supone Torra, y mientras rechazaba sumarse a la moción de censura del pasado día 8, ayer pedía la dimisión del presidente catalán porque suponía un riesgo para el autogobierno. De nuevo Miquel Iceta, ante este creciente malestar de la ciudadanía y la incomprensible inacción de los gobernantes, incapaces de tomar medidas para frenar la violencia, ha decidido sumarse. Nunca es tarde, aunque sea por motivos electoralistas. Inevitablemente, nos recuerda al comportamiento que tuvo en octubre de 2017, cuando se sumó a última hora a la gran manifestación de Sociedad Civil Catalana ante el temor de que sus propios votantes le abandonaran. Ahora, de nuevo, el próximo día 27 se vuelve a convocar una gran protesta de todo el constitucionalismo en una situación límite. El Estado, el conjunto de la sociedad y los partidos que defiende los principios constitucionales deben hacer frente a este nuevo envite. Hay, además, consecuencias económicas, ya no digamos sociales, como el hecho de que la Seat haya anunciado la paralización de su producción durante tres días ante la imposibilidad de que trabajadores y suministros puedan llegar a las factorías. Hoy está convocada una huelga general política con el apoyo necesario de la Generalitat, un capítulo más de la imposición del nacionalismo y las unidades de choque de los CDR frente a la Cataluña que trabaja. La situación de desgobierno es absoluta, la Generalitat se ha convertido en un mero aparato político del nacionalismo y las instituciones de autogobierno están en un proceso de descomposición. Forzar, como están haciendo, a la sociedad catalana a aceptar el avasallamiento al que está siendo sometida, tendrá graves consecuencias y se verá pronto. Esté donde esté el centro de decisiones del independentismo, en la plaza Sant Jaume, en Waterloo o en una misteriosa app, la situación debe reconducirse inmediatamente antes de males aún peores. El responsable será Torra, pero será compartido con muchos si un incendiario como es el presidente de la Generalitat continúa en el cargo.