Trabajar hasta el final

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se dispone a cerrar la legislatura en sus plazos habituales, tal y como ya adelantó LA RAZÓN, desmintiendo diversas especulaciones sobre un adelanto electoral o, incluso, sobre la prolongación del mandato al máximo de sesenta días que prevé el ordenamiento constitucional. Las elecciones generales se celebrarán, pues, a finales de noviembre de este año de 2015, rematando una legislatura muy compleja por las enormes dificultades económicas y financieras a las que hubo que hacer frente, pero que ha podido desarrollarse en el marco de una sólida estabilidad política e institucional. Era evidente que Mariano Rajoy no iba a dejar dormir la legislatura en el tiempo que queda hasta la disolucion de las cámaras y la convocatoria de las urnas –opción que algunos analistas contemplan como más conveniente a efectos electorales–, sino que mantiene su disposición a culminar en todo lo posible la gran obra de reforma institucional que ha presidido su mandato. Una labor de transformación de las bases económicas, sociales y administrativas sin la que no se entiende el éxito logrado por España en la batalla contra la crisis. Pero aunque estamos, legislativamente hablando, ante uno de los mandatos más fértiles y activos de la reciente democracia española, aún queda una treintena larga de proyectos de ley sin aprobar –algunos de gran calado, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal–, que afectan en diferente medida a casi todos los ministerios. Así, para completar la agenda de reformas pendientes, el presidente del Gobierno ha decidido prolongar la actividad parlamentaria del Congreso y el Senado durante los meses de verano, medida que no requiere ningún trámite especial, con la previsión de que, además de los plenos que se celebren en julio, se dedique agosto para los trabajos en comisión y ponencia, con lo que una serie de «plenos escoba» en septiembre permitirá aprobar las reformas que más se hayan retrasado. Por supuesto, se cumplirá escrupulosamente el ordenamiento constitucional y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado será remitido a las Cámaras antes del 30 de septiembre, como es preceptivo. Mariano Rajoy confirma con esta decisión su confianza en que los ciudadanos sabrán premiar en las urnas su labor de gobierno, realizada en tan difíciles circunstancias y que no sólo ha permitido a España salir de la crisis, sino que ha transformado en buena parte un sistema productivo obsoleto, que se convertía en una máquina de destruir puestos de trabajo con cada cambio de ciclo. Este mensaje de eficacia y estabilidad, de la necesidad de perseverar en el camino emprendido, es el que Rajoy quiere hacer llegar a los electores en las dos grandes citas pendientes.