Un juez en entredicho

La Razón
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El mundo judicial asiste perplejo a las últimas piruetas del juez Castro en la instrucción del «caso Nóos». El empecinado empeño de su señoría en imputar, como sea, a la Infanta Doña Cristina adquiere visos de obsesión personal que le impulsa a ir más allá de lo que aconseja una interpretación ecuánime de las leyes. Así lo denunció ayer, con una contundencia sin precedentes, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que ha trabajado codo con codo con el magistrado hasta que éste se apartó de la lógica procesal por motivos espurios. En el escrito remitido al Juzgado, Horrach no duda en acusar al juez de dilatar deliberada e innecesariamente la instrucción del sumario con indagaciones redundantes, cuando no puramente anecdóticas. El fiscal llega a la conclusión, con todo fundamento, de que Castro pretende imputar a Doña Cristina por su condición de Infanta y no porque existan indicios incriminatorios. Horrach sabe de lo que habla. No es la primera vez que el juez, saltando por encima del fiscal, trata de imputar a Doña Cristina. Lo intentó el pasado mes de abril, pero la Audiencia de Baleares le propinó un severo varapalo con opiniones poco amables para su calidad profesional. No obstante, el juez ha seguido erre que erre y ha puesto patas arriba la Agencia Tributaria para escanear hasta el último detalle fiscal de Doña Cristina. Muy pocos contribuyentes han sido sometidos a una inquisitiva tan exhaustiva y amplia, hasta el punto de que su señoría exigió remontarse a ejercicios ya prescritos legalmente. Y menos contribuyentes aún habrían salido indemnes del chequeo integral. Doña Cristina, sí, según sostienen la Agencia Tributaria, el fiscal anticorrupción y el abogado del Estado. Y conviene dejar constancia de cómo la frenética actividad del juez ha sido puntualmente filtrada a sus aliados mediáticos para mantener en ebullición la olla del escándalo. A estas alturas del caso ya no hay duda de que si Doña Cristina no hubiera sido hija del Rey no se habría montado este vodevil social, político y jurídico, la instrucción no se habría eternizado tantos años y su señoría seguiría disfrutando de su anonimato. El hecho de que Castro se haya quedado solo en su empeño, con la dudosa compañía de Manos Limpias, induce a sospechar que en la investigación judicial había otros objetivos distintos al de esclarecer la verdad de los hechos, atizando una campaña mediática y social destinada a erosionar el prestigio de la Corona. En este sentido, cobra especial relevancia que el fiscal Horrach haya pedido abrir diligencias contra el dirigente sindical de los técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, que se permitió acusar, contra toda ética y decencia profesional, a la Agencia Tributaria de falsear datos fiscales para favorecer a la Infanta. Grave acusación que exige una réplica judicial en toda regla.