Una legislatura larga y estable

A partir de hoy, 3 de mayo, el presidente del Gobierno está habilitado para proponer a Su Majestad la disolución anticipada de las Cortes Generales, una vez que ha transcurrido el plazo mínimo de un año desde la anterior que establece el artículo 115.3 de nuestra Constitución. Pero ni está en los planes inmediatos de Mariano Rajoy llevar a cabo tal medida –que supondría convocar nuevas elecciones generales para finales del próximo mes de junio–, ni sería una opción que reputemos acertada en las actuales circunstancias políticas españolas, incluso, aunque el Ejecutivo no consiguiera aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En primer lugar, estamos en un momento crucial de la recuperación económica, con todos los indicadores de crecimiento en positivo, que podría verse en peligro ante la perspectiva de un nuevo período de inestabilidad, hipótesis nada remota ante las dificultades que atraviesa el principal partido de la oposición. En segundo lugar, supondría perder la voz privilegiada que mantiene España en el seno del Eurogrupo, precisamente, cuando se está negociando la salida de Reino Unido de la UE. Las mismas razones, en definitiva, que desaconsejan la presentación de la moción de censura que propone Podemos –en una maniobra claramente dirigida contra el PSOE, por más argumentos falaces que se quieran dar– recomiendan la permanencia del actual Gobierno del Partido Popular, que es el único que, hoy por hoy, garantiza estabilidad y crecimiento. Tal es así, que ni siquiera la posibilidad de una prórroga presupuestaria inquieta demasiado a Bruselas, una vez que ha visto cumplido el requisito del techo de gasto y que ha recibido seguridades desde Madrid de que en ningún caso se superarán los niveles de déficit público comprometido. Por otra parte, la negociación con el PNV parece que avanza en el sentido correcto y, a tenor de las últimas manifestaciones del portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, el acuerdo podría estar listo dentro de los plazos parlamentarios previstos. Ciertamente, existen voces dentro del PP que, a despecho de los graves ataques que está sufriendo el conjunto del partido por los casos de corrupción, consideran que se debería aprovechar la debilidad interna del PSOE, profundamente fragmentado, y la pérdida de apoyo de Podemos que registran todas las encuestas de opinión, para provocar un adelanto de las elecciones que permitirían a Mariano Rajoy mejorar su actual mayoría. Pero, incluso si diéramos por ciertas las dos premisas, debemos reafirmarnos en nuestra postura de la inoportunidad de disolver las Cortes en estos momentos. Aunque sólo sea porque no parece lo mejor para el futuro de España forzar las costuras del Partido Socialista en medio de un proceso complejo de reconstrucción interna, que debería culminar con la vuelta a sus principios socialdemócratas y a la defensa inequívoca del modelo de organización territorial consagrado por la Constitución. Sin duda, el desafío de los separatistas catalanes se enfrenta en mejores condiciones con un PSOE renovado y fuerte, que con la representación de la izquierda en manos del populismo más radical. Por supuesto, no todo está en manos del Gobierno de Mariano Rajoy. La misma situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra obliga a los partidos de la oposición a tratar de acordar en aquellos asuntos de Estado en los que prima el interés general de los españoles. La actitud del PSOE con el techo de gasto, la disposición al acuerdo del PNV y el respaldo parlamentario de Ciudadanos son buenos ejemplos de que es posible cumplir la legislatura.