Una oportunidad de cambio

El caso de los ERE de Andalucía representa un problema mayor para el PSOE que no se solucionará con el viejo recurso de todos los partidos pillados en corruptelas de soltar lastre entre los cargos medianos implicados y encender el ventilador con el «y tú más» para tratar de acallar al adversario. Si el sistema podía funcionar en un país donde, elección tras elección, parecía demostrado que la corrupción política apenas pasaba factura en términos electorales, las consecuencias que ha tenido la profunda crisis económica sobre el tejido social español ha creado una clara conciencia entre los ciudadanos de rechazo a tales prácticas, que ha terminado por alcanzar al desprestigio del ejercicio de la política, por más que la inmensa mayoría de los servidores públicos mantenga comportamientos ejemplares. Pero es que, además, lo ocurrido en Andalucía va más allá del aprovechamiento del dinero común por parte de algunas personas situadas en la Administración o en sus aledaños, para convertirse en una trama clientelar al servicio de la Junta y de la hegemonía del Partido Socialista Andaluz, tal y como se mantiene en la exposición de los hechos elevados por la jueza Mercedes Alaya al Tribunal Supremo, tras una instrucción prolija de más de tres años. La cualidad de los hechos investigados y de las personas imputadas por la magistrada convierten este asunto, por lo tanto, en algo de excepcional gravedad. Sin embargo, las primeras reacciones, tras el primer estupor, por parte de algunos dirigentes socialistas parecen seguir rigurosamente el manido manual, con referencias a los casos que empañan al PP o a CiU, aunque su entidad y etiología no sean en absoluto comparables con la trama andaluza, y con descalificaciones a la instrucción judicial y a la propia persona de la jueza Alaya. Enfrentada al problema, sería un error que la nueva dirección del PSOE se enredara en una defensa numantina de los suyos de problemáticos resultados. Tanto el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, elegido en primarias con el voto directo de los militantes, como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que representan una buena oportunidad de futuro para una formación en caída libre desde hace dos años, deben ser los más interesados en deslindar las responsabilidades habidas. Porque la renovación acometida en el seno del PSOE no borra, desafortunadamente, el legado recibido, que, como todas las herencias, debe ser aceptado en su integridad. Y si, como apuntan las primeras encuestas, la figura de Pedro Sánchez puede consolidar el papel de los socialistas como alternativa de gobierno, esta progresión puede verse truncada ante la opinión pública si, una vez más, se repite la práctica de tapar la corrupción propia, mientras se resalta la ajena.