Una reforma legal necesaria

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Acontecimientos recientes que están en la memoria de todos, con el expreso desafío a la legalidad por parte de representantes públicos más obligados, si cabe, a defenderla, hacen de todo punto necesaria la ley de reforma del Tribunal Constitucional presentada ayer por el Partido Popular ante el Congreso. Se trata de dotar a los magistrados del TC de la capacidad de hacer cumplir sus resoluciones, ya sea por medio de sanciones administrativas o mediante la suspensión de funcionarios, sin necesidad de recurrir a la jurisdicción ordinaria. Es decir, consiste en garantizar también la tutela judicial efectiva en el ámbito de un órgano jurisdiccional, que no judicial, como es el Tribunal Constitucional, análogamente a lo que ya sucede en el campo de lo contencioso-administrativo. El hecho de que la mayor parte de las reacciones desfavorables que ha recibido la iniciativa no se refieran al fondo de la cuestión, sino al procedimiento legislativo elegido o a la oportunidad política de la misma, no sólo demuestra que la reforma no presenta dificultad alguna de encaje en el ordenamiento jurídico español, sino que se considera un medio muy útil para la salvaguarda del Estado. Frente a la osadía de quienes pretenden convertir las decisiones del TC en simples resoluciones declarativas, la reforma dota a sus magistrados de un instrumento ejecutivo que evita tener que reaccionar a golpe de Código Penal ante cualquier actitud de rebeldía. Si bien, como señalábamos al principio, es imposible no relacionar el procedimiento de urgencia elegido –proposición de ley en lectura única– para tramitar la reforma con el desafío secesionista impulsado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sería injusto tratar la iniciativa como si fuera una ley finalista. Lo que se ha propuesto el Gobierno de Mariano Rajoy es cerrar de una vez el círculo y ahogar los márgenes de interpretación sobre la eficacia jurisdiccional del TC, que se ha tratado de poner en duda intencionadamente por representantes de la Administración autonóma catalana a raíz de la convocatoria del referéndum farsa del 9 de noviembre de 2014. Llegados a este punto, cabría preguntarles a los representantes de la oposición socialista, que se han apresurado a tildar de electoralista y provocadora la reforma, si no es más cierto que el Estado dispondrá, a partir de su entrada en vigor, de un instrumento de respuesta mucho más flexible y equilibrado que los recursos penales o la compleja aplicación del artículo 155 de la Constitución. En cualquier caso, contribuirá a acabar con el deplorable espectáculo de unos reprentantes públicos, cuya legitimidad de ejercicio proviene de la propia Carta Magna, alardeando del incumplimiento de las leyes. La reforma era necesaria y así, sin duda, lo percibe la gran mayoría de los ciudadanos.