Una reforma poco madurada

Ayer entró en vigor, tras su publicación en el BOE, el real decreto que permite a los centros universitarios flexibilizar los grados, creando licenciaturas de tres años, que podrán complementarse con cursos de máster. La norma, sin embargo, no afecta a todas las carreras profesionales, puesto que las ingenierías y las ciencias de la salud se rigen aparte, lo que plantea, de antemano, la devaluación por la vía de los hechos de los estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, además de abrir la caja de Pandora de la desigualdad geográfica y la competencia desleal en la educación superior. De hecho, y aunque la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha recomendado una moratoria de dos años para aplicar el decreto, son ya tres los centros universitarios, todos privados, que han anunciado su intención de acogerse a la nueva legislación. No se trata, por supuesto, de rechazar de plano la reforma impulsada por el ministro Ignacio Wert, que no carece de argumentos plausibles, sino de lamentar que una iniciativa de tanto calado para el futuro de la enseñanza superior en nuestro país no haya sido consensuada por todos los actores interesados, lo que hubiera contribuido a madurarla, más aún cuando ni siquiera hay acuerdo para evaluar el impacto de las últimas reformas, consecuencia del «Plan Bolonia». Tampoco es momento de entrar en la intencionalidad última del Gobierno, que afirma que las nuevas medidas supondrán un gran ahorro para las familias, lo que, sin duda, dependerá de cómo se reparta el coste entre los créditos destinados a la «formación básica» –que debe ser, al menos, el 25 por ciento del programa de estudios– y los correspondientes a los másteres oficiales, que, en la práctica, marcarán la diferencia entre un egresado y un posgraduado. Ciertamente, la reglamentación ofrece a las universidades la posibilidad de ofertar estudios específicos que completen una educación más general –adecuándose a la demanda de un mercado de trabajo mucho más flexible y que exigirá a los jóvenes profesionales una formación continua–, pero con el riesgo de desequilibrar, mediante la competencia de ofertas, al corpus general universitario, especialmente a los centros de titularidad pública, que podrían perder, según los primeros cálculos, hasta el 25 por ciento de los alumnos. Como el real decreto contempla una disposición única titulada «No incremento del gasto público», que establece que las medidas incluidas en la misma «no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal», la merma de ingresos por el descenso de matrículas acabará repercutiendo sobre el precio de los créditos, o sobre la reducción del personal docente. En definitiva, que hubiera sido aconsejable un menor apresuramiento legislador.