Ya no pueden arrogarse la representación de Cataluña

Los catalanes han hablado y lo han hecho con claridad: el nacionalismo ya no puede arrogarse la representación exclusiva de Cataluña. Ésta no es patrimonio de nadie ni nadie puede hablar en su nombre. Son los ciudadanos los que se expresan libremente, pueden escoger al partido que mejor les representa y demostrar, o no, su grado de sentimiento patriótico. Cataluña ha votado y lo ha hecho en libertad, con todas las garantías democráticas y normalidad absoluta en las calles. Que había una movilización para desbloquear la situación en la que se encuentra Cataluña lo prueba que el nivel de participación superó al de todos los comicios celebrados en España: cerca del 82%. Si algo han dejado claro las elecciones de ayer es que en Cataluña se ha abierto paso una fuerza política, Ciudadanos, que ha conectado abiertamente con un electorado que quiere una sociedad más abierta y no adscrita al pensamiento nacionalista que ha regido la comunidad desde la restitución de la Generalitat. Tenía razón Josep Tarradellas cuando en un ya lejano 1981 dijo que eran ambos pueblos, el catalán y el español, «los que debía ir unidos en sus anhelos comunes». Ese ideal está vivo, pero su concreción política parece todavía lejana.

La candidata de Cs, Inés Arrimadas, pese a haber sido la más votada, no podrá gobernar, primero perjudicada por una ley electoral que permite que con una diferencia de 150.000 sólo se plasme en dos diputados más que su seguidor, y después porque la suma de los partidos independentistas –JxC, ERC y la CUP– tienen la mayoría absoluta. Pueden volver a gobernar, pero algo ha quedado claro: ya no tendrán el margen para sus políticas suicidas, ni podrán actuar saltándose la ley y subvirtiendo impunemente el Estado de Derecho. El destrozo ha sido demasiado grande y las consecuencias económicas y sociales están a la vista. El independentismo tiene un techo y no lo ha superado –se mantiene en los mismos niveles–, lo que arroja luz sobre su futuro y, sobre todo, el que quieren para Cataluña y su legado político sólo ha sido la división en dos mitades cada vez más diferenciables e irreconciliables.

En contra de la campaña propagada por el independentismo, ni ha habido «pucherazo», ni ha hecho falta el recuento paralelo con el que estaban amenazando en una inadmisible campaña de intoxicación, siempre bajo la idea de que España no es un Estado homologable; es más, por primera vez se van a publicar las actas de todas las mesas. Cataluña y España se jugaban mucho ayer: lo primero de todo desbloquear una situación con una solución política tan sencilla como la de que hablasen las urnas. Y han hablado. El gran sacrificado de las elecciones ha sido PP, pero hay que poner en valor un hecho: fue la decisión de Mariano Rajoy de aplicar el artículo 155 la que impulsó a los partidos constitucionalistas y ha hecho retroceder al independentismo. Cuando el presidente del Gobierno intervino la autonomía y convocó elecciones lo hizo con sentido de Estado, sin contemporizar las consecuencias electorales que podría tener para el PP, pero sí como solución institucional para el desbloqueo de la situación. En aquel momento, cuando el Parlament había declarado la República catalana no había más salida que convocar comicios y asumir todos los riesgos. Hay que ser justos y reconocer que el PP ha sido siempre el gran defensor del orden constitucional en Catalaluña.

Comienza una nueva etapa de nuestra historia política reciente cuya lección debería ser atendida por todos, aunque el electorado no lo entiende así. El bloque independentista tiene un grave problema: el candidato que puede ser presidente, Carles Puigdemont, es un prófugo de la justicia que persiste en los mismos delitos por los que es investigado. El «proceso» que ha liderado sólo ha llevado al fracaso colectivo. Por otra parte, continuar las políticas que ha llevado a Cataluña a la situación actual sólo es insistir en el error. Y ellos lo saben y saben cuáles son los límites legales de esa aventura. Por lo tanto, es necesario cuanto antes una rectificación. No hay más salida. El avance en votos de los constitucionalistas –pese a que el PSC no ha cubierto las expectativas– abre una situación que habrá que tener muy en cuenta. Después de cinco intensos años en los que se ha construido el mayor ataque a la democracia en España con la puesta en marcha del plan secesionista el balance que los dirigentes de la Generalitat pueden presentar es que la fuerza ganadora de las elecciones de ayer es un partido antinacionalista y europeísta y que la sociedad catalana ha dibujado su mapa político: dos bloques casi idénticos en el número de votantes, que mantienen propuestas antagónicas en lo que se refiere a la reconstrucción de la convivencia en Cataluña y que, sobre todo, ha conseguido romper los grandes los tabúes de la política catalana.