El objetivo del independentismo es la confrontación directa con el Estado, desde la calle y desde las instituciones que tiene a su servicio. Los partidos secesionistas en el Parlament han acordado presentar a una resolución para que la Cámara defienda la autodeterminación. Esta decisión se toma a pesar de los letrados de la Cámara, que han advertido de que se estaría desobedeciendo de nuevo al Tribunal Constitucional, que ya la semana pasada instó al Parlament a no realizar pronunciamientos que, además de suspendidos, van en contra de sus atribuciones. Se trata de una provocación más, después de que el TC apercibiera a Torra y a Torrent de la responsabilidad en la que podían incurrir. El Gobierno no puede mirar hacia otro lado, por más estéril que sea las pretensiones de los independentistas. Hay precedentes que deberían activarse de nuevo. El Constitucional aceptó a trámite en diciembre de 2016 dos recursos del Gobierno contra sendas resoluciones del Parlament, una de ellas sobre la celebración de «un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña». Pero el TC dio un paso más, y por primera vez, trasladó la Fiscalía indicios de desobediencia, con consecuencias que también pueden ser penales.