En defensa de las sentencias lingüísticas

La desobediencia de las resoluciones judiciales sobre el castellano en las aulas por parte de la Generalitat no puede ser trivializada. La insumisión de una administración no sólo merma la seguridad jurídica, sino que constituye un ejemplo indeseable para los ciudadanos. La decisión del PP catalán de impulsar acciones judiciales si el Gobierno de Artur Mas insiste en deambular por la ilegalidad es una respuesta positiva y adecuada. No debemos olvidar que detrás de ese desafío hay ciudadanos con sus derechos lesionados.