Freno necesario a la diplomacia separatista

El ministro García-Margallo anunció ayer que el Gobierno estudia recurrir la inminente apertura de «embajadas» catalanas en Roma y en Viena y analiza la constitucionalidad de la ley catalana de Acción Exterior. Sostuvo que ambas iniciativas contravienen la legislación estatal, que obliga a informar a Exteriores y a Hacienda para refrendar la idoneidad diplomática y económica de esas dependencias autonómicas. El Gobierno hace lo que debe con una posición sensata y contenida en defensa, sobre todo, de los ciudadanos de Cataluña. Antes que costear altavoces separatistas, la Generalitat debería dedicar ese dinero a atender las necesidades básicas de la gente.