España invierte menos proporcionalmente en Sanidad que economías menos boyantes de la UE

España es un país prácticamente quebrado, con una deuda pública que se situó en los 1,489 billones de euros al cierre del 31 de diciembre de 2022. Esta colosal cifra es el equivalente al 113,11% del PIB y supone además que el Estado está obligado a dedicar en el ejercicio 2023 la monstruosa cantidad de 31.275 millones de euros solo al pago de intereses de la deuda pública, tal y como establecen los Presupuestos Generales del Estado. Si se cumple lo previsto y lo acordado por los socios comunitarios, como ha recordado la Comisión Europea esta semana para que nadie se llame a engaño, España retomará la senda de la austeridad en 2024 y es muy probable que bajo esos parámetros permanezca décadas hasta bajar el endeudamiento nacional al 60% del PIB, como mandatan las reglas fiscales europeas.

El gasto sanitario público español alcanzó en 2021 la cantidad 88.063 millones de euros, lo que representa un gasto por ciudadano de tan solo 1.859 euros per cápita. En Francia es de 3.523 euros/habitante. Son datos del propio Ministerio de Sanidad español.

Lo que nos lleva al puesto número 13 de los 27+Reino Unido. Es ciertamente paradigmático y singular que seamos la quinta economía y, sin embargo, el dinero público que dedicamos a la salud por habitante sea tan manifiestamente insuficiente. El hecho es que España dedica a ese ámbito crucial del estado del bienestar proporcionalmente menos que otros países con una economía mucho menos robusta que la española como Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Irlanda, Austria, Bélgica y Finlandia.

Obviamente, la deuda pública asfixia las finanzas de todas las administraciones. Si los 31.275 millones de euros para pagar los intereses de la fiesta de la deuda se dedicaran a sanidad, el presupuesto de salud pública español sería de 119.338 millones de euros y la inversión por habitantes subiría a 2.519 euros, frente a los 1.859 euros actuales.

Por otra parte, la situación se complica por la gran dispersión y descentralización de la inversión sanitaria, que en un 92,06% está en manos autonómicas, y la consecuencia de ello es la diferente atención que recibe un español en función de su residencia. Únicamente en cinco autonomías se aproximan o superan los 2.000 euros por habitantes: Asturias, País Vasco, Extremadura, Navarra y Castilla y León. Mientras que las cuatro más pobladas se encuentran por debajo de los 1.700 euros por habitante y año: Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. La diferencia entre la región que menos gasta por habitante y la que más es de 47,5% y en euros representan 687 al año.

Por lo que la sanidad pública española, como todo lo público, está al borde del colapso financiero por infrafinanciación, y sufre también de la falta de coordinación que debería llevar a cabo el Ministerio de Sanidad para igualar la cobertura y la protección dentro de nuestras fronteras y no tener diecisiete tipos diferentes de atención.

Hemos perdido una legislatura en la que se podía haber apoyado el crecimiento económico y la productividad. La atracción de inversiones extranjeras y la movilización de las nacionales. Pero nos hemos dedicado a la «economía social», a repartir la pobreza, a alcanzar los índices más bajos en competitividad, a desalentar el esfuerzo y la superación, a ahogar el emprendimiento y fruto de todo ellos es contar la mayor cifra de paro de Europa. Que entre los jóvenes es la más escandalosa de la UE. Este ejército laboral inactivo no genera recaudación de IRPF ni de IVA. El incremento de la recaudación que se conseguiría con el pleno empleo de los jóvenes permitiría atender correctamente la sanidad y el resto de servicios públicos que se deterioran a la carrera, y más que lo harán. Bruselas ya ha fijado el límite de endeudamiento de España desde 2024, lo que conllevará recortes en los servicios públicos.