Fachosfera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha usado por primera vez el término «fachosfera» para referirse a todo el entramado mediático de la derecha que diariamente estaría inventando bulos para torpedear su acción de gobierno: «Toda esa ‘fachosfera’ lo que hace es polarizar, insultar, generar una desconfianza con un fin claro. Tienen un naufragio de ideas. Están parasitados por la ultraderecha. Cómo pueden derrocar a un Gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas creando ruido para desmovilizar al electorado». A su vez, su ministro de Transportes, Óscar Puente, ha aclarado que el término no es un insulto sino una descripción de la realidad y que «cuando se tiene la lengua tan larga, no se puede tener la piel tan fina».

El argumento de Puente para justificar a Sánchez es algo así como «la derecha mediática nos ataca continuamente, qué menos que devolverles el golpe alguna vez». Sin embargo, este razonamiento establece una errónea paridad moral entre políticos y ciudadanos: a saber, que los políticos tienen derecho a hacerles a los ciudadanos exactamente lo mismo que los ciudadanos tienen derecho a hacerles a los políticos. Pero no. Esa equivalencia moral es tremendamente peligrosa y debe ser denunciada en público por dos razones.

Primero, porque formalmente, los políticos son nuestros representantes y servidores: no somos nosotros quienes trabajamos para ellos sino ellos los que están a nuestro servicio (porque así ellos lo han escogido: nadie les obliga a colocarse en esa posición). No es decoroso, por tanto, que el servidor público insulte a su jefe (el ciudadano) ni, precisamente porque dicen estar a nuestro servicio, nosotros deberíamos tolerárselo.

Segundo porque, materialmente, los políticos detentan un enorme poder (el del aparato del Estado) cuyo ejercicio debe ser controlado y fiscalizado para impedir que sea objeto de abuso contra los ciudadanos: por ejemplo, cuando Sánchez califica como «fachosfera» a muchos medios de comunicación, puede interpretarse que está lanzando una amenaza velada contra ellos («estáis en nuestro punto de mira»), lo cual jamás debería hacer desde la cúspide de ese monopolio social de la violencia que es el Estado. En suma, un político podrá insultar a otro político dentro de su habitual refriega demagógica (no es que me parezcan comportamientos edificantes ni que dignifiquen la vida pública, pero entra dentro de sus usos y costumbres), pero si siente el irrefrenable impulso de hacer lo propio para con ciertos ciudadanos, mejor que deje de ser gobernante, vuelva a convertirse en ciudadano particular y, como tal, les diga a sus pares lo que considere conveniente.