El gobierno en Telefónica

El gobierno de España adquirirá el 10% de Telefónica para, según se nos ha dicho, contrarrestar la influencia de la inversión que hace algunos meses efectuó Arabia Saudí. Se trata de una operación que facilitará el control político de la empresa y, por tanto, la destrucción de valor para el ciudadano. Sin embargo, el asunto sobre el que querría reflexionar es uno adyacente al anterior: la distinción formal entre Estado y gobierno para justificar los desmanes del gobierno en nombre del Estado. A la postre, uno de los argumentos más empleados para legitimar la adquisición del 10% de Telefónica por el gobierno es que, en realidad, la inversión no la efectúa el Consejo de Ministros, sino el Estado: a saber, que todos seres propietarios de Telefónica y no sólo el poder Ejecutivo. Y formalmente es así, pero en la práctica no: quien actuará como (co)propietario de Telefónica en la Junta de Accionistas y dentro del Consejo de Administración será el gobierno de turno, no el conjunto de los españoles; quien recibirá la parte correspondiente del dividendo de Telefónica y quien decidirá cómo gastarlo será el gobierno de turno, no el conjunto de los españoles (y ni siquiera hay garantía alguna de que ese dinero se termine gastando en los propios españoles). Una cosa es que creamos que el gobierno debería actuar como representante de los españoles y pensando en el bienestar de los españoles a la hora de gestionar su paquete accionarial en Telefónica (aunque, ¿cuál es el bienestar de los españoles respecto a Telefónica?) y otra cosa, muy distinta, es que el gobierno se comporte del modo en que nosotros creemos que debería comportarse. La política debe analizarse sin idealizaciones: no según lo que debería ser, sino según lo que es. Y, en este caso, lo que está sucediendo es que el gobierno PSOE-Podemos va a ser el principal accionista de una de las principales compañías del país y que intentarán instrumentalizarla en el provecho de sus miembros y de sus partidos. Todo lo demás es ciencia ficción.