Inmigración y menores

Hace poco en esta misma tribuna escribía que en el actual escenario político las actitudes extremas están ganando protagonismo, buscan redefinir el discurso político poniendo en aprietos a las posturas centradas y también que las posturas moderadas de uno u otro signo político se encuentran en una situación difícil, por su propia naturaleza buscan consenso y compromiso, valores que pueden parecer débiles en un entorno de debate altamente polarizado. La búsqueda de soluciones equilibradas y negociadas se interpreta a menudo como falta de firmeza o claridad, una percepción que los extremos explotan para deslegitimar a sus adversarios moderados. La inmigración es un campo abonado para poner esto de actualidad. Al margen de la polémica política que al respecto se ha vivido en España conviene elevar el discurso y afrontar este tema con la seriedad y responsabilidad que merece. Una visión objetiva debe encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la seguridad nacional, considerando también los beneficios económicos y la cohesión social. Este enfoque holístico puede ayudar a desarrollar políticas que no solo aborden los desafíos inmediatos, sino que también aprovechen las oportunidades a largo plazo que la inmigración ofrece. Mas allá de posturas demagógicas de uno y otro signo el problema de la inmigración debe considerar múltiples aspectos y enfoques, integrando elementos humanitarios, económicos, sociales y de seguridad. En medio de este tema los menores no acompañados se erigen como algo que debe tener un tratamiento especial; se debe partir del principio del interés superior del menor, concepto fundamental en la protección de los derechos de los niños, y es particularmente relevante en el contexto de los menores extranjeros no acompañados en situaciones de inmigración. Este principio está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y establece que en todas las decisiones que afecten a los niños, su bienestar debe ser la consideración primordial. Las políticas de bienestar infantil deben estar centradas en proporcionar a estos menores un entorno que promueva su desarrollo integral. Esto incluye la creación de servicios especializados y programas de asistencia que aborden sus necesidades específicas​, si bien no cabe duda de que a quien le corresponde generar los recursos necesarios es al Gobierno Central, el cual a su vez, viene obligado a un control de fronteras más riguroso y eficaz para prevenir la inmigración ilegal, incluyendo la entrada de menores. Como decía John F. Kennedy: «La política de inmigración debe ser generosa; debe ser justa; debe ser flexible. Con tal política podemos dirigirnos al mundo, y a nuestro propio pasado, con las manos limpias y una conciencia tranquila». El gobierno de España no puede eludir sus obligaciones tales como el fortalecimiento de la Cooperación Internacional, la promoción de acuerdos y convenios con países de origen y tránsito para gestionar mejor los flujos migratorios y facilitar la repatriación cuando sea posible y seguro, así como mejoras en las infraestructuras y recursos fronterizos, especialmente inversiones en tecnología y personal para asegurar que las fronteras sean vigiladas de manera efectiva y humanitaria. La situación de España no es ni de lejos la de Francia, pero ello precisamente obliga a tomar medidas para evitar que la inmigración y la inseguridad lleguen a tener la misma relevancia e interrelación que en el país vecino, y a su vez, evitar las consecuencias políticas que en términos electorales provoca. Este es un tema que requiere un amplio consenso y una visión de Estado y le corresponde al gobierno de España abandonar la demagogia y buscar este consenso sobre la base de la aceptación de ideas de otros que buscan lo mejor para España.