Sófocles (496-406 AC), el autor de Antígona y Edipo Rey, uno de los grandes de la tragedia griega, afirma en Electra, otra de sus obras, que «hay un punto más allá del cual la justicia se convierte en injusticia». Manuel Marchena, como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dirigió el juicio que, al final, condenó a los implicados en el llamado «procés», con Oriol Junqueras a la cabeza, y Carles Puigdemont, fugado. El magistrado agotó su mandato al frente de esa Sala, pero continúa como uno de sus miembros hasta, en teoría, la edad de jubilación. Tiene encima de la mesa varias ofertas, algunas jugosas del sector privado, pero por ahora insiste en que seguirá en el Supremo. Doctor en derecho y autor de libros académicos y artículos en revistas especializadas, acaba de publicar «La justicia amenazada». El libro va dirigido a un público más amplio y es accesible a lectores que no sean expertos en derecho.

Marchena, que estuvo a punto de ser presidente del Consejo General del Poder Judicial, tras un acuerdo PSOE-PP que se frustró por una filtración, contempla con preocupación –y un cierto toque pesimista– la deriva de la justicia en España, y lo dice, alto y claro. Entiende que «la concepción del fiscal como un delegado del Gobierno llamado a perseguir implacablemente los delitos cometidos por el partido de la oposición y, al mismo tiempo, condescendiente con los atribuidos al equipo gubernamental que lo ha nombrado, pone en peligro la estabilidad de la institución». Marchena cree que «la justicia también se ve amenazada» cuando la investigación y enjuiciamiento de destacados responsables políticos «se convierte en un debate público». Escribe que «el aforamiento ha llegado a convertirse en una señal de distinción protocolaria, que blinda al cargo público y lo diferencia del resto de los ciudadanos». El intento de controlar la justicia no es nuevo. El magistrado recuerda la bronca, en 1871, entre el fiscal del Supremo, Eugenio Díaz, y el ministro del ramo, Eduardo Alonso Colmenares (1820-1880), zanjada por el último con un «la moral es lo que yo diga». Marchena, que no elude el protagonismo, no es, sin embargo, el único preocupado por la deriva de la justicia. Hay quienes piensan, incluso, que el límite se rebasaría si el Parlamento rechaza el suplicatorio sobre un ministro importante. Ese día se habría terminado el Estado de derecho para entrar en un Estado autocrático. Mientras tanto, conviene leer «la justicia amenazada» de Marchena, antes de que la justicia se convierta en injusticia, como advertía Sófocles.