En la normalidad no hay normalización

La proposición de ley de amnistía está condicionando la actividad política en nuestro país, y si nos detenemos en su título «para la normalización institucional, política y social en Cataluña» podemos observar que en el conjunto de España puede estar provocando lo contrario, ha ocasionado un cierto desorden institucional tensionando las instituciones, está impactando y mucho en la actividad política, generando incluso alta tensión dentro del partido político proponente, y está generando zozobra y preocupación en el conjunto de la sociedad española. Para analizar el objetivo fundamental es necesario establecer qué debemos entender por normalizar. Normalizar puede significar hacer que algo sea considerado normal, esto es, cambiar la percepción pública o las actitudes hacia algo para que se acepte y se considere parte de la norma; puede significar estandarizar o regularizar, esto es, establecer estándares o reglas para asegurar un funcionamiento coherente; también lo podemos entender como un proceso tendente a recuperar un estado normal o equilibrado, y por último aceptar o acostumbrarse a algo, esto es, adaptarse o acostumbrarse a una situación o comportamiento que inicialmente podría haber sido percibido como inusual o incómodo. En definitiva y en conjunto podemos entender que la acción de normalizar implica la idea de hacer que algo sea considerado normal, establecer estándares o reglas, o volver a un estado equilibrado o aceptable. En el actual contexto, normalizar pasa exclusivamente por olvidar, establecer un olvido legal de las consecuencias penales de unos graves hechos delictivos; más algunos no se quedan en esta intención de olvidar, para ellos no es un borrado y cuenta nueva, se trata de reescribir la historia, construir un relato en el que no hicieron nada mal, no se contravino el orden constitucional, no se afectaron ni lesionaron bienes jurídicos concretos, sino al contrario, los autores de los hechos delictivos que se pretenden amnistiar fueron víctimas de un estado que hizo mal las cosas, que les agredió política y judicialmente; no se trata de olvidar, sino de una auténtica cancelación de la realidad por otra imaginaria acomodada a sus intereses, en definitiva seguimos en las quimeras. No estaríamos en un proceso de perdón y olvido para que el hijo pródigo se siente a la mesa, sino que este exige que antes de sentarse se le pida perdón. En España, la normalidad está escrita y es sagrada, y no es más que cumplir y hacer cumplir la Constitución, pilar fundamental de la democracia y el Estado de Derecho en España, en cuyo preámbulo se establece que se promulga «en el ejercicio de la voluntad del pueblo español», y su cumplimiento y defensa son esenciales para garantizar la estabilidad y el bienestar de la sociedad. Sin embargo, es importante distinguir entre dos perspectivas relacionadas pero diferentes: la de colocar la Constitución en el centro de la vida política y la de estar en el centro de la Constitución, y ambas se entrelazan en la obligación de defenderla aplicándola. La obligación de defender la Constitución aplicándola implica que, para proteger y fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en España, es necesario no solo respetar la Constitución, sino también utilizarla como herramienta para garantizar la justicia y la igualdad. La Constitución Española de 1978 es un compromiso colectivo que debe ser respetado y fortalecido constantemente para garantizar una sociedad justa y democrática y este y no otro es el camino para mantener la normalidad, puesto que en la normalidad no hace falta normalización alguna, salvo para los que no crean que estamos en esa normalidad constitucional. Como decía Hayek: «La verdadera libertad solo puede existir en un Estado de derecho, donde la Constitución es la suprema ley», y no hay otra opción posible.