The New York Times se ha hecho eco hace unos días de la demanda que ha presentado un centenar de víctimas del 7-O en Israel contra la UNRWA en el Tribunal Federal de Manhattan, en la que acusan a esta agencia de la ONU de haber desviado mil millones de dólares hacia Hamás para facilitarle la compra de armas y la construcción de túneles. Cuál será el destino de esta demanda es incierto –entre otras cosas porque el personal de Naciones Unidas goza de inmunidad diplomática–, pero ello no obsta para que haya puesto encima de la mesa el hecho cierto de que son múltiples los casos de entidades gubernamentales que financian el terrorismo a través de sus ayudas humanitarias. En 2021, ante el Tribunal Militar de Judea, Tisir Abu Sharbak, miembro de la ONG Healt Work Committees, vinculada al Frente Popular para la Liberación de Palestina, declaró que se falsificaban documentos y recibos para inflar los costes de los proyectos financiados por donantes internacionales y, así, desviar fondos hacia la organización terrorista. Se calcula que, en ese caso concreto, el FPLP pudo recibir entre cinco y veinte millones de euros de la Unión Europea y varios de sus estados miembros –entre ellos, España–.

En mi libro «La financiación del terrorismo» designo estos casos como de «pseudo-patrocinio estatal». La razón es simple: los gobiernos que financian a ONGs que actúan como pantalla de organizaciones terroristas, desconocen este hecho porque se amparan en razones burocráticas y están exentos del deber de debida diligencia que obliga a los agentes privados. Cuando la AECID fue preguntada en 2020 con respecto a tres ONGs vinculadas al FPLP, respondió que «ninguna (de ellas) está en la lista de organizaciones prohibidas por la UE ni hemos recibido ninguna advertencia del sistema de Naciones Unidas». Sin embargo, las tres fueron declaradas como terroristas por el gobierno de Israel un año más tarde tras una abrumadora recolección de pruebas. Por cierto, habían obtenido de España 6,7 millones de euros en una década. Y si las sumamos a otras 17 también participadas por el FPLP, llegamos a los 21,1 millones. Así que algo habrá que hacer para frenar esta sangría de recursos públicos que alimentan el terrorismo.