Ni fue el primero ni será el último. José María Ángel Batalla, ex alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción, ha dimitido después de que un informe de la Agencia Valenciana Antifraude concluya que presentó un título falso para promocionar en un puesto de funcionario en la Diputación de Valencia en 1986. La Fiscalía ya investiga el caso y, en este momento, no existen dudas de que el título que figura en el expediente de la Agencia Antifraude es una falsificación. Entre otros motivos porque la diplomatura que ha incluido en algunos de sus currículos, Archivística y Biblioteconomía, no se impartió en la Universidad de Valencia hasta 1990.

No sabemos muy bien aún por qué este político sagaz y que ha demostrado ser buen gestor incluyó un título falso en algunos de sus currículos oficiales. Y lo más sorprendente es que sienta como un ataque un asunto que sale a la luz tras la investigación de un organismo promovido precisamente por un gobierno autonómico del que él formó parte.

Como aquella pareja pillada en la «kiss cam» de Coldplay que se creía a salvo de todas las miradas en un concierto en el que asistieron 55.000 personas, estoy segura de que todavía hay muchos políticos que creen que nadie les pillará en esos extras que añadieron a sus méritos académicos. Entiendo que lo hicieron conscientes de que, además de hacer puntos en el partido, deberían haber hincado los codos en los libros.

Que no digo yo que sea imprescindible, pero cursar algún estudio, más allá de la ESO o el Bachillerato, ofrece más posibilidades de encontrar una salida alternativa a esto que llamamos la cosa pública. Ir saltando de un cargo a otro, década tras década, como la ardilla que podía cruzar España sin tocar el suelo por las tierras propiedad de la Casa de Alba, no deja demasiadas alternativas y, es más, tampoco tiene mucho que ver con la vida real, aquella a los que enfrentan los jóvenes superformados, que incluso tienen que rebajar su currículum si quieren encontrar un trabajo para ir tirando.

A José María Ángel le sustituye en el cargo Zulima Pérez, otra socialista de sobra conocida en la Comunidad Valenciana. Su currículum no es cuestionable y tampoco su capacidad, por lo que sería deseable que esta comisionada intente que el Gobierno de España y la Generalitat valenciana trabajen de manera coordinada en la reconstrucción tras la dana y, ya puestos a pedir, que se cree una comisión mixta como la constituida tras la erupción del volcán de la Palma.