Hasta la izquierda portuguesa tira con fanatismo al monte antiliberal, qué pena. Durante años el socialismo fue allí uno de los pocos ejemplos de algo de moderación y sensatez que daba la izquierda europea, en vivo contraste, por cierto, con las fechorías de Warren Sánchez y sus secuaces a este lado de la frontera.

Entiéndase bien, no estoy diciendo que el primer ministro socialista, António Costa, que gobierna con una coalición de izquierdas, sea liberal. Fue considerado un milagro keynesiano porque con más gasto público y más intervencionismo Portugal crecía y reducía el déficit. En realidad, tuvo suerte porque la derecha asumió el coste político del acuerdo con la Troika y la ulterior recesión, de modo que cuando la izquierda llegó al poder el país se había ajustado ya, y había empezado a crecer, junto con las principales economías del mundo. Aprovechó también Costa, como todos, la política represiva del BCE para incrementar la deuda pública, diluida en la etapa de crecimiento junto con una importante subida de impuestos.

Sin embargo, con todos estos daños, el socialismo portugués había abierto el mercado inmobiliario y se había mostrado amigable con el capital extranjero, lo que fue aprovechado por inversionistas españoles, que se refugiaron en Portugal. Esto es lo que ha terminado, para alborozo del diario El País, que tituló: «Portugal revoluciona la vivienda y obligará a alquilar pisos vacíos».

Como si fuera una réplica de nuestros socialistas y podemitas, António Costa copió a Ada Colau, que se ha cargado el mercado de la vivienda en Barcelona. Su «revolución» es un disparatado intervencionismo: «Lisboa enterrará el programa para conceder visados de residencia a inversores extranjeros en inmuebles (la llamada golden visa) y prohibirá nuevas licencias para pisos turísticos. La iniciativa más polémica es el alquiler forzoso de las viviendas desocupadas. El Estado podrá alquilarlas para subarrendarlas durante cinco años. Estos alquileres no podrán superar el 35% de los ingresos familiares. Y se prevé establecer un techo máximo de subidas para los nuevos contratos de alquiler, lo que no ocurría desde 1985, cuando se legisló para liberalizarlos».

Estas medidas, contrarias al turismo y la inversión, y amparadas por el habitual coro progresista del medio ambiente y la «gentrificación», tendrán un mal resultado, que ya ha sido anticipado por la oposición de centroderecha y los empresarios.