Una Presidencia limitada

La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea concluye sin haber alcanzado el objetivo implícito de reforzar la posición del país en algunos de los ejes estratégicos de su política exterior. El solapamiento de la convocatoria electoral con la presidencia del Consejo de la UE ha privado al país, dada la evidente situación de interinidad del gobierno de coalición, de una proyección de mayor alcance.

El anuncio del adelanto de las elecciones generales provocó que las prioridades políticas del gobierno se reorientaran hacia la agenda doméstica. Además de limitar las acciones del ejecutivo, este escenario diluyó los objetivos de la presidencia rotatoria de auspiciar un mejor posicionamiento tanto de España como de la UE en Iberoamérica y vecindad sur. Más allá del plano declarativo, la presidencia española no ha logrado generar ningún avance significativo en materia de diálogo político birregional durante la Cumbre UE-CELAC. En cuanto al ambicioso objetivo de propiciar un acuerdo definitivo con el Mercosur, la buena disposición política del gobierno de coalición tampoco fue suficiente para convencer a algunos de sus socios comunitarios sobre las dinámicas positivas del acuerdo comercial. En lo que respecta a la aproximación a la vecindad sur, la posición del gobierno de España ha experimentado un deterioro sin precedentes en esta región. El fracaso político del 8º Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo es quizá el ejemplo reciente más indicativo.

La pérdida de influencia de España en estas dos regiones no es cosa reciente. En Iberoamérica, el enfoque seguidista del gobierno español, claramente complaciente con la agenda política estadounidense, lleva ya tiempo limitando la proyección política del país. Este seguidismo ha sido especialmente notorio en el caso de Venezuela. Lo mismo cabe decir de la UE y del resto de Estados miembros. La mayoría de estos asumieron como propias las inclinaciones políticas de la Administración Trump primero y de la Administración Biden ahora. Es lógico, pues no todos tienen política exterior propia para Iberoamérica. En cambio, para España –que sí tiene una política exterior iberoamericana– no es racional asumir la posición de otros, pues los perjuicios que afronta son mayores. Cuando la Administración Biden estimó que era momento de ensayar otro tipo de enfoque hacia Venezuela, por seguir con el ejemplo, España y otros países comunitarios con intereses en el país quedaron relegados a una posición secundaria. La cuestión aquí es: ¿Puede el enfoque seguidista en Iberoamérica generarle a España y al resto de países comunitarios un resultado similar al experimentado por estos en África?

En la vecindad sur, la guerra entre palestinos e israelíes ha reflejado, paradójicamente, una disparidad entre el criterio del gobierno español y el de buena parte de sus socios comunitarios. A diferencia de lo que ocurre en Ucrania, donde la verticalidad del liderazgo anglosajón ha sido clave para mantener la unidad comunitaria –a pesar de las fisuras subyacentes–, la convulsa situación en la vecindad sur ha exacerbado el antagonismo entre las distintas visiones que se manifiestan dentro del bloque comunitario. La guerra entre Israel y Hamas ha situado a los países comunitarios frente al espejo de sus propias contradicciones internas y externas. Por un parte, se ha hecho más que evidente la precaria relación que existe entre la opinión pública comunitaria y la opinión de sus respectivos estamentos políticos en este tema. Por la otra, las divergencias dentro del bloque comunitario hacen complicado que se pueda alcanzar una posición común en línea con las expectativas expresadas por los aliados anglosajones. ¿Es realista pensar en una UE en la que se adopten decisiones por mayoría cualificada en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, tal como defiende el Grupo de Amigos de la Mayoría Cualificada, del cual España forma parte?

La política exterior del gobierno de Pedro Sánchez ha sido hasta el momento incoherente e inconsistente. El tipo de liderazgo asumido en las distintas etapas de gestión en el ministerio de exteriores (Borrell, González Laya, Albares) así lo evidencian. Este carácter volátil ha quedado reflejado durante la Presidencia española del Consejo de la UE. Esta situación refuerza la noción de que España no tiene una política exterior de Estado, sino una de Gobierno. En este caso, una del PSOE.

Cuando asumió la cartera de exteriores, José Manuel Albares señaló que a España y a los españoles no les podía ir bien dentro si no hacen bien las cosas fuera (en Iberoamérica vecindad sur, etc.). No obstante, para hacer bien las cosas fuera es preciso contar antes con una política exterior de Estado, coherente y consistente. Son precisamente Iberoamérica y la vecindad sur quienes nos muestran que adoptar una posición ecléctica respecto a actores estatales con los que se tiene una relación de interdependencia profunda o regiones donde se tiene intereses permanentes es irracional. No es posible anteponer una visión exterior seguidista a una política exterior propia sin por ello perder credibilidad.