Sin Perdón
Propagandistas, licenciados, leguleyos, juristas y maestros
«La pregunta está en la ausencia de juristas o maestros que defiendan la chapuza de la amnistía»
El bodrio de la amnistía ha dado lugar a personajes que expresan su opinión favorable con notable contundencia. El disparate ha llegado al extremo de leer o escuchar a personas que no han estudiado Derecho seguir a pies juntillas el argumentario monclovita. El Diccionario de la Academia Española se refiere a la palabra publicista indicando, en su segunda acepción, que es la «persona que escribe para el público, generalmente de varias materias». Podemos utilizar este término para definirlos o también el de propagandistas, porque no puedo incluir el tercero que es el «especialista en derecho público». Precisamente, esta ley se encuentra huérfana de expertos en esta materia que la defiendan. Hay quien dice, incluso, que los magistrados del Supremo no quieren aplicarla cuando han decidido elevar al politizado Constitucional un auto razonado planteando, precisamente, su inconstitucionalidad. La izquierda sanchista olvida que vivimos en un Estado de Derecho y que el Poder Judicial puede hacer uso de sus competencias, ya que no está sometido, todavía, a la arbitraria y caprichosa voluntad del inquilino de La Moncloa. Los que critican a los magistrados del Supremo son expertos gracias a Wikipedia y los argumentarios monclovitas o leguleyos.
A estas alturas respeto más el criterio de un grupo de juristas de reconocido prestigio, encabezados por Marchena, que la propaganda sanchista. Desde que estudie Derecho hasta ahora, he conocido algunos juristas que tenían la condición de maestros. Algunos nos han abandonado como Pérez Serrano, García Pelayo, Lucas Verdú, Enterría, Sánchez Agesta… Me podría remontar más atrás, pero baste ver esta relación para constatar la calidad del Derecho Público en nuestro país. En ese nivel de excelencia encontramos a Tomás Ramón Fernández, nuestro mejor administrativista; José Antonio Escudero, el gran historiador del Derecho, o Antonio Fernández de Buján, el romanista por excelencia. La gran pregunta está en la ausencia de juristas o maestros que defiendan la chapuza de la amnistía. No me imagino a los grandes maestros desaparecidos apoyando una norma mal elaborada y manifiestamente inconstitucional, aunque Conde Pumpido y sus ayudantes establezcan lo contrario. Ningún jurista independiente se sumaría al coro de leguleyos y propagandistas sin estudios de Derecho que descalifican a los magistrados del Supremo y a los catedráticos que han desmontado un texto fundado en el fin ilegítimo de comprar una presidencia del Gobierno.
Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)
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