La admisión a trámite, por el juzgado 41 de Madrid, de la denuncia contra Begoña Gómez, en la que se investiga un posible tráfico de influencias, ha tenido como última consecuencia que Pedro Sánchez va a legislar duramente para que la prensa no publique noticias falsas que sirvan como instrumento para el desgaste político.

Sánchez ha dejado hacer el ridículo a los dirigentes socialistas que, por un momento, llegaron a pensar que, en esta ocasión, Sánchez decía la verdad, pero el líder solo necesitaba protagonismo.

Lo que le falta por aclarar al socialista es si esa batería legislativa que quiere sacar adelante, tendrá carácter retroactivo, porque de ser así, el propio Sánchez podría ser condenado.

En su carrera política, no ha dudado en rociar con tierra del peor lodazal a quienes estorbaban en su camino, ya fuesen adversarios políticos o compañeros de partido. Destituciones fulminantes acompañadas de acusaciones más o menos veladas de corrupción a sabiendas de su falsedad, o expulsiones de dirigentes históricos acusados de deslealtad al partido son ejemplos claros.

Cuando Sánchez me destituyó como candidato a la Comunidad de Madrid en el año 2015, a tres meses de las elecciones y habiendo sido designado en unas democráticas elecciones primarias, no tuvo reparos en utilizar la construcción informativa que realizó su periódico de cabecera en la que se atribuían problemas judiciales relacionados con corrupción.

A sabiendas de la falsedad de la noticia, Sánchez alimentó la mentira para que sirviera como justificación a su decisión de eliminar a la dirección socialista madrileña y controlar la organización.

A través de César Luena, su entonces número dos, explicó que “las informaciones aparecidas en un medio de comunicación en los últimos días, suponían un deterioro grave de la imagen del partido”, eso es todo lo que necesitaba para liquidar a un adversario.

Ni Sánchez ni su camarilla han pedido disculpas nunca, ni tampoco el medio de comunicación, que gastaba papel a mansalva en las portadas al servicio de los intereses de Sánchez.

Si las normas jurídicas que quiere aprobar Sánchez pudiesen aplicarse a algunos de sus actos como secretario general del PSOE saldría malparado.

Habrá a quien le haya parecido conmovedor el teatrillo de la semana pasada, entre reality show y culebrón venezolano, pero también son muchos para los que ha sido la gota que colma el vaso.

Tratar a la sociedad española como si fuese menor de edad, orientándoles sobre lo que se puede escuchar y lo que no, es insultante y no le puede volver a salir gratis.