¿De quién depende el Constitucional...?

El Tribunal Constitucional afronta un pleno sobre los recursos de Vox y el PP contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le ha hurtado su competencia para realizar nombramientos en la cúpula judicial mientras sus miembros no hayan sido renovados. Con toda probabilidad, la mayoría sanchista impondrá la tesis fabricada al efecto por uno de los suyos, María Luisa Balaguer, que avala la constitucionalidad con el argumento ajurídico y arbitrario de la «anomalía» que supone el insólito retraso en el relevo en el órgano de gobierno de los jueces como si esa circunstancia ajena a los vocales restara legitimidad para desarrollar el trabajo con plenitud. La ponencia del magistrado de la minoría César Tolosa, que defendía como contrario a la Carta Magna que se haya «despojado al Consejo de sus funciones esenciales», con el impacto sobre la independencia judicial, no prosperará. La corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido cumplirá con el guion y avalará el recorte de competencias al CGPJ ordenado por Pedro Sánchez, como ha hecho desde que se ha alzado con el control de una institución de la que puede preverse que sus pronunciamientos favorecerán al Gobierno y frenarán a la oposición. Tal es su determinismo, que arrumba todo atisbo de objetividad e imparcialidad. Como a esos miembros del TC no les inquieta proteger la división de poderes, sagrada en el estado de derecho, menos todavía les incomoda los estragos críticos para el correcto funcionamiento de los tribunales y del servicio público de la administración de Justicia que ha provocado Moncloa. Se está causando un perjuicio irreparable al no reponer las vacantes en los órganos jurisdiccionales superiores, con agujeros como el del Tribunal Supremo. Sin el 30% de su plantilla, dictará más de un millar de sentencias menos este año. Pedro Sánchez nunca ha tenido intención de negociar una composición del CGPJ equilibrada y respetuosa con su independencia, sino que su plan ha sido someterlo como ha hecho con una buena parte de los entes del Estado. El relevo en el Constitucional y el Tribunal de Cuentas es la prueba de sus reales intenciones. Afortunadamente, el PP se ha mantenido firme y así debe seguir en línea con las directrices de Europa para que los vocales sean elegidos por jueces y magistrados. El modelo sanchista de Justicia de subordinación al poder político no puede prosperar. Todas sus maniobras coactivas y de presión persiguen ese objetivo conforme a una pulsión autocrática. La referencia del Constitucional de Conde-Pumpido resulta desoladora para la democracia, con un grupo de elegidos abrazados al constructivismo y el uso alternativo del derecho que encubre lealtades y adultera su deber que no es legislar ni generar un Derecho al dictado ni enmendar al Supremo, sino supervisar lo que encaja o no en la norma fundamental. Como con la Fiscalía, habría que preguntarse de quién depende el TC... Pues eso.